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El silencio administrativo

En el área jurídica y judicial, conocemos como silencio administrativo al silencio mantenido por dos meses por parte de la administración, sobre una solicitud o un proceso que constituye un acuerdo, con excepciones.

Para algunas de estas solicitudes, la aceptación puede ser adquirida después de un límite de tiempo diferente, pero en otros casos el silencio, ante cualquiera de estas solicitudes equivale a una negativa, es lo que se denomina silencio administrativo positivo y negativo. Todos estos casos de excepciones se encuentran previstos en la Ley.

Entonces ¿De qué se trata el silencio administrativo?

En pocas palabras definimos la regla como el silencio que equivale a un acuerdo, que se aplica a las actuaciones de personas naturales y jurídicas de derecho privado. Están dirigidas a la administración y que dan lugar a una decisión individual, como excepción, el silencio administrativo mantenido por la administración durante dos meses constituye una decisión de rechazo.

Esto puede suceder en el caso de que la solicitud no tenga por objeto la adopción de una decisión individual o no forma parte de un procedimiento previsto por un texto legislativo o reglamentario. Así como la solicitud presentada en el carácter de una denuncia o un recurso administrativo.

También cuando la solicitud es de carácter económico, salvo en determinados casos de seguridad social y que la misma quede excluida de la regla en que el silencio es igual a acuerdo, por decreto en el Consejo de Estado y en el Consejo de Ministros. Esta solicitud se refiere a las relaciones entre la administración y sus agentes.

Una aceptación implícita no sería compatible con el respeto de los compromisos internacionales y europeos. La protección de la seguridad nacional, la protección de las libertades y principios de valor constitucional y la salvaguardia del orden público.

¿Cuándo comienza el punto de partida de este silencio administrativo?

En Rodenas abogados, consideramos que el punto de partida del plazo comienza con el acuse de recibo de la solicitud. Cualquier solicitud dirigida a la administración está sujeta a un acuse de recibo, pero existen algunas excepciones.

Estas excepciones se dan cuando las solicitudes son abusivas, por su número o su carácter repetitivo o sistemático, cuando son solicitudes en las que la administración tiene poco tiempo para responder. También donde la respuesta sea solo la concesión de un servicio o la emisión de un documento o una solicitud cuya respuesta, implícita o expresa, deberá realizarse en beneficio del solicitante, dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la solicitud.

Es de vital importancia que el acuse de recibo indique la siguiente información: la fecha de recepción de la solicitud, la fecha en la que, a falta de decisión expresa, se aceptará o rechazará la solicitud.

Si es probable que la solicitud dé lugar a una decisión implícita de rechazo, se deben especificar los plazos y los medios de apelación. De igual forma, si es probable que la solicitud dé lugar a una decisión implícita de aceptación, el acuse especificará que el solicitante puede solicitar un certificado de la decisión.

¿Qué sucede si el silencio guardado durante dos meses merece acuerdo?

El plazo al final del cual el silencio puede constituir aceptación, comienza a partir de la fecha de recepción de la solicitud por la administración competente. Cuando se haga una solicitud a una administración que no sea responsable de ella, esta última deberá remitir a la administración competente.

Si la administración informa al autor de la solicitud que no ha facilitado toda la información o los documentos justificativos requeridos, el plazo no se extenderá hasta su recepción. Por ejemplo: si la autoridad competente recibe una solicitud completa, el primero de octubre de 2020, la aceptación implícita viene a ser el primero de diciembre de 2020, en la ausencia de respuesta de la administración.

Y ¿Si el silencio guardado durante dos meses merece ser rechazado?

Nuestros especialistas afirman que el plazo al final del cual el silencio administrativo puede constituir rechazo comienza a partir de la fecha de recepción de la solicitud por parte de la administración inicialmente a la que se haya sometido. Si la solicitud dirigida a la administración está incompleta, se suspende el plazo durante el lapso concedido para producir los documentos e información requeridos.

Sin embargo, la presentación de estos documentos e información antes de que finalice el plazo fijado pone fin a esta suspensión. Es decir, si los directores de entrada reciben una solicitud completa el primer día de octubre de 2020, el rechazo implícito se produce el primer día de diciembre de 2020, en la ausencia de respuesta de la administración.

Aunque si la solicitud debe ser conocida por terceros, la administración debe publicarla, eventualmente de forma electrónica. Por lo que, se debe indicar la fecha en la que se considerará aceptado.

¿Qué hacer en caso de una supresión de una decisión implícita de aceptación?

Sabemos que por iniciativa de la administración o por solicitud de un tercero, la administración puede revocar o retirar una decisión de aceptación sólo si se cumplen ciertas condiciones. La primera es que la decisión debe ser ilegal, es decir el retiro o derogación debe ocurrir dentro de los 4 meses posteriores a la toma de la decisión.

Sin embargo, el límite de tiempo no es necesario si la decisión está vinculada a una condición que ya no se cumple, por ejemplo, una condición de la edad del solicitante. Nuestros profesionales afirman que esto puede ser a solicitud del beneficiario de la decisión.

Si la decisión es ilegal, puede deberse a solicitud del beneficiario de la decisión. La administración debe derogar o retirar una decisión de aceptación ilegal dentro de los 4 meses posteriores a la emisión de la decisión.

Si el beneficiario presenta un recurso contencioso después de un recurso administrativo obligatorio. El retiro o derogación de la decisión es posible hasta el final del plazo otorgado a la administración para pronunciarse sobre dicho recurso administrativo.

Por lo que, no se requiere límite de tiempo para la derogación o retiro de la decisión si se cumplen con la retirada o derogación de la decisión. Que la misma no afecte los derechos de terceros o la decisión retirada o derogada se sustituye por una decisión más favorable para el beneficiario.

La segunda condición es si la decisión fuera legal, esto a solicitud del beneficiario de la decisión, la administración podrá revocar o retirar una decisión judicial, sin límite de tiempo, si se cumple con la retirada o derogación de la decisión para que no afecte los derechos de terceros.

Y finalmente el retiro de la decisión o derogación para que sea sustituida por una decisión más favorable para el beneficiario.

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