Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

La responsabilidad patrimonial de la Administración Publica está relacionada con la protección de los ciudadanos que reciben servicios y ayudas de la administración pública. La misma está fundamentada en las leyes nacionales y tiene un procedimiento judicial para buscar el cumplimiento de las mismas.

Es una de las tantas regulaciones que sirven para controlar el ejercicio de la administración pública y todas sus funciones. Con ella se espera que las instituciones gubernamentales cumplan de forma correcta cada una de las obligaciones que les competen.

A continuación, explicaremos de manera más específica el tema de la responsabilidad patrimonial y cómo se aplica según la ley.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la administración?

La responsabilidad patrimonial es el derecho de los ciudadanos a manifestar una demanda por afectaciones resultantes de un servicio administrativo. Dichas afectaciones pueden ser daños o lesiones que se consideren antijurídicas y que deben procesarse con el mismo peso legal.

Por lo tanto, es deber del Estado responder a la persona afectada por el daño si se determina por ley. Todas las instituciones gubernamentales que ofrecen servicios de administración pública a la ciudadanía deben responder en caso de que aplique.

El daño se aplica hacia una propiedad o patrimonio de la persona, de allí viene el nombre de responsabilidad patrimonial. No es necesario que exista un contrato determinado, ya que se trata de una acción dañina de la Administración pública.

Anteriormente se le atribuía esta responsabilidad a los mismos funcionarios que ejercían los cargos administrativos en las instituciones del gobierno. No existía una ley exacta que promulgarqa la protección de civiles por parte de los trabajadores de la Administración Pública.

La Constitución española actual manifiesta en su artículo 106.2 el ejercicio de la ley para indemnizar a los afectados respectivos:

“Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.”

En el primer punto se establece que los Tribunales de Justicia son los encargados de gestionar el reglamento que corresponde. Se encargan de la defensa de dicha ley y del accionar que convenga según los fines de su total aplicación.

Dicho artículo se encuentra apoyado por el 24 de la misma Constitución, que menciona el derecho a un proceso legal. Estos son los fundamentos y bases legales que justifican el ejercicio de la Responsabilidad patrimonial.

Regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Para que ocurra un hecho de esta índole es indispensable que se cumplan una serie de características importantes y fundamentales. En primer lugar, el daño debe ser injustificado, es decir, que no debe estar estipulado en ninguna ley o norma.

Hay ocasiones donde no se aplican los principios legales de esta responsabilidad de administración, sólo en casos excepcionales muy específicos. Un ejemplo puede ser la corroboración de que la persona ha cometido un delito y no deba recibir una indemnización.

La responsabilidad Patrimonial en materias de salud se aplica para personal médico contratado por la Sanidad Pública o Seguridad Social. Aquí se aplican los hechos de negligencia médica o la negación de recibir atención médica a cualquiera que lo necesite.

También se aplica este ejercicio de la ley cuando existe un deterioro de vías públicas, siendo responsabilidad de las autoridades. La persona que sufrió el daño puede demandar una indemnización por cualquier accidente provocado por la falta de trabajos viales.

Un Funcionario Público también puede solicitar una indemnización si no se le han dado las condiciones correctas para su trabajo. Es importante recalcar que la falta de condiciones de trabajo debe presentar un daño injustificado a la persona o víctima.

Por último, se encuentran los incidentes donde civiles sufren accidentes en instalaciones de la Administración Pública por falta de atención. Un ejemplo de esto puede ser que una persona caiga por unas escaleras por falta de iluminación en el lugar.

Resulta de mucha importancia que estos incidentes se provocan por falta de la gestión correcta del ente o institución encargada. Debe ser comprobado que es una negligencia y no una situación de fuerza mayor donde la Administración no pueda responder.

Con esto se conoce los escenarios que pueden desencadenar un evento de demostración de Responsabilidad patrimonial por quien los comete.

¿Cómo exigir la responsabilidad patrimonial?

El primer paso para exigir la responsabilidad es interponiendo una demanda de responsabilidad patrimonial a la Administración Pública que la ha cometido. Por lo cual, no se puede acudir a los Tribunales luego del hecho sin haber solicitado la respectiva indemnización directamente.

Sólo se debe acudir a los Tribunales en caso de que el ente administrativo no responda por el daño cometido. También aplica en caso de que la respuesta no sea suficiente ni acorde al daño o afectación que ha ocurrido.

Se necesita un año de plazo por parte de la persona para que pueda realizar la gestión administrativa que corresponde. Esto está establecido en la Ley 39/2015 que regula los Procedimientos Administrativos referente a las instituciones o entes gubernamentales públicos.

Existen dos formas para gestionar la reclamación a los entes judiciales, dependiendo de ciertos factores que lo determinen o modifiquen. Se encuentra el procedimiento legal general, que empieza con la denuncia del hecho a instituciones judiciales que ejecutan la ley.

Posteriormente el sistema judicial debe comenzar las investigaciones del suceso y citar a la Administración que cometió el hecho determinado. 15 días antes de una resolución, se debe realizar una audiencia donde se demuestre de cada parte las causas respectivas.

El último paso es que se emita la resolución que dará la culminación del caso según el dictamen legal emitido. La resolución puede ser estimatoria, anormal, de estimación parcial, desestimatoria o convencional según como se desarrolle el caso o audiencia.

El procedimiento legal también puede ser corto, donde está muy clara la relación del daño y la responsabilidad de patrimonio. Para estos casos también se conocen los costos de la indemnización que le corresponde al afectado según el suceso ocurrido.

Con el proceso corto se puede poner fin a las funciones del ente administrativo o aprobar la indemnización al afectado.

Factores subjetivos que influyen en la responsabilidad patrimonial

Se conoce como elemento subjetivo de la responsabilidad Patrimonial a los actores involucrados en el hecho de daño o afectación. Dentro de esta categoría se incluye a la institución administrativa y a la persona que resultó víctima del suceso ocurrido.

El artículo 106 de la Constitución Española define al perjudicado, al igual que la Ley 39/2015 para las gestiones administrativas. Un perjudicado puede ser una persona natural o jurídica, aunque también puede ser otro ente administrativo la víctima del daño.

Los daños cometidos se pueden clasificar como personales o impersonales, siendo los primeros dirigidos a las personas con presencias físicas. Los impersonales se refieren a que no se puede dañar a una persona física, pero igualmente ocurre el acto antijurídico.

Si el daño es cometido por un trabajador particular de la entidad, la misma debe emitir una sanción al culpable. Existe una excepción si el daño se establece como delito, por lo que el afectado puede iniciar un proceso penal.

Para los casos de delitos, la entidad sólo podrá otorgar una indemnización si la sentencia al acusado no resulta satisfactoria. La institución no tiene responsabilidad en el acto si el daño proviene de otro ente con relación de trabajo contratada.

Existe la posibilidad de que la responsabilidad Patrimonial recaiga en más de una institución pública, según el acto de daño. A esto se le denomina como responsabilidad concurrente, y sucede cuando hay procedimientos donde hay un trabajo en conjunto establecido.

Se aplican los trabajos en conjunto normalmente cuando hay delegación de trabajos o facultades de una de las instituciones involucradas. También se incluyen a la adopción de actos administrativos, donde uno de los entes suspende sus funciones y siendo reemplazado.

Estos son algunos de los factores adicionales que pueden ocurrir en momentos de Responsabilidad patrimonial y que pueden generar cambios.

Otras características importantes a considerar

Los actos más comunes que pueden ocasionar daños de esta índole son las actividades de manejos de materiales y construcción. Son de los sucesos más frecuentes, por lo que es normal que las instituciones no trabajen en casos de remodelación.

También se consideran actos de daño cuando un ente de Administración Pública no cumple sus funciones básicas por decisión propia. Esto causa afectaciones a las personas que necesitan de los servicios de dicha institución, por lo que debe ser procesado.

Una de las características más importantes de esta gestión es que se aplica para todas las instituciones públicas, sin distinción. De igual forma el proceso judicial busca dar respuesta al daño cometido, no de buscar un culpable responsable del hecho.

Siempre es indispensable que se identifique a la persona o grupo de personas que sufrió el daño para poder indemnizarlos. Si se trata de un gran número de personas afectadas, no se puede realizar una indemnización, porque resultaría imposible hacerlo.

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