Responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

La responsabilidad patrimonial de la Administración Publica consiste en indemnizar a los particulares pones lesiones o daños sufridos en sus bienes y derechos por el funcionamiento anormal de los servicios públicos, por ejemplo la caída por una grieta en un paso de peatanos, una negligencia médica o por la carencia de iluminación existente en el lugar.

Está relacionada con la protección de los ciudadanos por el mal funcionamiento de los servicios públicos, quien tiene la obligación de reparación y señalamientos de los desperfectos o daños que provocaron el accidente del tipo que sea.

Es una de las tantas regulaciones que sirven para controlar el ejercicio de la Administración pública de todos aquellos casos que deriven directamente de la actuación de la Administración. Con ella se espera que las instituciones gubernamentales cumplan de forma correcta cada una de las obligaciones que les competen respecto al administrado.

A continuación, explicaremos de manera más específica los puntos fundamentales de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas y cómo se aplica según la ley.

¿Qué es la responsabilidad patrimonial de la Administración?

La responsabilidad patrimonial es el derecho de los ciudadanos a manifestar una demanda por el daño patrimonial y moral resultante de un mal servicio administrativo, siempre y cuando exista una relación directa entre la conducta de la Administración y el daño ocasionado.

La Administración responderá por los daños y lesiones según el grado de responsabilidad del autor o autores materiales del daño o perjuicio.

Es decir, el daño debe ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

Por lo tanto, es deber del Estado responder a la persona afectada o administrado por el daño si se determina por ley. Todas las instituciones gubernamentales que ofrecen servicios de administración pública a la ciudadanía deben responder en caso de que aplique.

El daño se aplica hacia una propiedad o patrimonio de la persona, de allí viene el nombre de responsabilidad patrimonial. No es necesario que exista un contrato determinado, ya que se trata de una acción dañina provocada por la Administración pública.

Anteriormente se le atribuía esta responsabilidad a los mismos funcionarios que ejercían los cargos administrativos en las instituciones del gobierno. No existía una ley exacta que promulgarqa la protección de civiles por parte de los trabajadores de la Administración Pública.

Regulación de la responsabilidad patrimonial

Estos son básicamente los fundamentos y bases legales que justifican el ejercicio de la responsabilidad patrimonial contra la Administración:

1. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
2. Ley 40/2016, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
3. La Constitución española actual manifiesta en su artículo 106.2 el ejercicio de la ley para indemnizar a los afectados respectivos:

Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Artículo 160.2 de la Constitución Española

En el primer punto se establece que los Tribunales de Justicia son los encargados de gestionar el reglamento que corresponde. Se encargan de la defensa de dicha ley y de su total aplicación.

Dicho artículo se encuentra apoyado por el 24 de la misma Constitución, que menciona el derecho a un proceso legal.

Ejemplos de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública

Para que ocurra un hecho de esta índole es indispensable que se cumplan una serie de características importantes y fundamentales. En primer lugar, el daño debe ser injustificado, es decir, que no debe estar estipulado en ninguna ley o norma.

Hay ocasiones donde no se aplican los principios legales de esta responsabilidad de administración, sólo en casos excepcionales muy específicos. Un ejemplo puede ser la corroboración de que la persona ha cometido un delito y no deba recibir una indemnización.

Responsabilidad patrimonial en el ámbito de la sanidad pública

La responsabilidad patrimonial en materia de salud se aplica para personal médico contratado por la Sanidad Pública o Seguridad Social. Aquí se aplican los hechos de negligencia médica o la negación de recibir atención médica a cualquiera que lo necesite.

Responsabilidad patrimonial por mal estado de la vía pública

También se aplica este ejercicio de la ley cuando existe un deterioro de vías públicas, siendo responsabilidad de las autoridades. La persona que sufrió el daño puede demandar una indemnización por cualquier accidente provocado por la falta de conservación de la calzada y en concreto del paso de peatones.

Responsabilidad patrimonial a Funcionario Público

Un Funcionario Público en una construcción de una obra o en la prestación de un servicio puede solicitar una indemnización si no se le han dado las condiciones correctas para su trabajo. Es importante recalcar que la falta de condiciones de trabajo debe presentar un daño injustificado a la persona o víctima.

Por último, se encuentran los incidentes donde civiles sufren accidentes laborales en instalaciones de la Administración Pública por falta de atención. Un ejemplo de esto puede ser que una persona caiga por unas escaleras por falta de iluminación en el lugar.

Responsabilidad por defectuoso mantenimiento de un Organismo Público

Por ejemplo: una persona mayor que al entrar en un Centro de la Tercera Edad tiene una caida por mal estado o por estar el suelo mojado/resbaladizo.

Resulta de mucha importancia que estos incidentes se provocan por falta de la gestión correcta del ente o institución encargada. Debe ser comprobado que se trata de una negligencia y no una situación de fuerza mayor donde la Administración no pueda responder.

Con esto se conoce los escenarios que pueden desencadenar un evento de demostración de responsabilidad patrimonial por quien los comete.

Prescripción en materia de la responsabilidad patrimonial

La Administración Pública deberá responder por sus actos con independencia de que haya incurrido en dolo o culpa.

Según el artículo 67 de la LPACAP, el plazo para reclamar la responsabilidad patrimonial prescribirá en un año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Todo ello, viene establecido en la Ley 39/2015 que regula los Procedimientos Administrativos referente a las instituciones o entes gubernamentales públicos.

¿Cómo hacer una reclamación de responsabilidad patrimonial?

Empieza con la denuncia del hecho a instituciones judiciales aportando cuantos documentos, informaciones y pruebas estimen convenientes:

1. Especificar las lesiones producidas.
2. Identificar del autor material del daño: que puede alcanzar tanto a las autoridades, como al personal al servicio de la Administración Pública
3. La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
4. La proposición de prueba que se considere pertinente.

La indemnización por la reparación integral de los daños directamente que se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa, legislación fiscal y demás normas aplicables y están exentas de tributación en el IRPF.

Una vez recibida la reclamación y tramitado el expediente se debe realizar una audiencia donde se dictará una resolución que si se desestima total o parcialmente será objeto de recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses.

En caso de falta de respuesta por parte de la Administración después de pasados 6 meses, se entenderá como desestimada la solicitud por silencio administrativo negativo y habrá que iniciar la vía judicial.

Factores subjetivos que influyen en la responsabilidad patrimonial

Se conoce como elemento subjetivo de la responsabilidad Patrimonial a los actores involucrados en el hecho de daño o afectación. Dentro de esta categoría se incluye a la institución administrativa y a la persona que resultó víctima del suceso ocurrido.

El artículo 106 de la Constitución Española define al perjudicado, al igual que la Ley 39/2015 para las gestiones administrativas. Un perjudicado puede ser una persona natural o jurídica, aunque también puede ser otro ente administrativo la víctima del daño.

Los daños cometidos se pueden clasificar como personales o impersonales:

• Siendo los primeros dirigidos a las personas con presencias físicas.
• Los impersonales se refieren a que no se puede dañar a una persona física, pero igualmente ocurre el acto antijurídico.

Si el daño es cometido por un trabajador particular de la entidad, la misma debe emitir una sanción al culpable. Existe una excepción si el daño se establece como delito, por lo que el afectado puede iniciar un proceso penal.

Para los casos de delitos, la entidad sólo podrá otorgar una indemnización si la sentencia al acusado no resulta satisfactoria. La institución no tiene responsabilidad en el acto si el daño proviene de otro ente con relación de trabajo contratada.

Existe la posibilidad de que la responsabilidad patrimonial recaiga en más de una institución pública, según el acto de daño. A esto se le denomina como responsabilidad concurrente, y sucede cuando hay procedimientos donde hay un trabajo en conjunto establecido.

Se aplican los trabajos en conjunto normalmente cuando hay delegación de trabajos o facultades de una de las instituciones involucradas. También se incluyen a la adopción de actos administrativos, donde uno de los entes suspende sus funciones y siendo reemplazado.

Estos son algunos de los factores adicionales que pueden ocurrir en momentos de responsabilidad patrimonial y que pueden generar cambios.

Otras características importantes a considerar

Los actos más comunes que pueden ocasionar vicios constructivos de esta índole son las actividades de manejo de materiales y construcción. Son de los sucesos más frecuentes, por lo que es normal que las instituciones deban tener mucho cuidado con las reformas.

También se consideran actos de daño patrimonial cuando un ente de Administración Pública no cumple sus funciones básicas por decisión propia. Esto causa afectaciones a las personas que necesitan de los servicios de dicha institución, por lo que debe ser procesado.

Una de las características más importantes de esta gestión es que se aplica para todas las instituciones públicas, sin distinción. De igual forma el proceso judicial busca dar respuesta a la  reparación del daño y perjuicio causado por la Administración, no de buscar un culpable responsable del hecho.

Siempre es indispensable que se identifique a la persona o grupo de personas que sufrió el daño para poder indemnizarlos.

Si se trata de un gran número de personas afectadas, no se puede realizar una indemnización, porque resultaría imposible hacerlo.