reclamación económico administrativa

Qué es una reclamación económico administrativa

El objetivo de la reclamación económico administrativa es revisar la legalidad de los actos de aplicación de tributos. Este es un recurso administrativo que se ajusta a los procedimientos establecidos en los artículos 226 al 244 de la Ley General Tributaria.

Esta reclamación es un medio de impugnación que se realiza en los tribunales económicos administrativos, el cual no es un órgano judicial. Es una vía administrativa que debe cumplirse para después acudir ante los Tribunales correspondientes,

La reclamación económica administrativa contra actos de gestión tributaria

Este es un medio de impugnación cuyo objetivo es revisar algunos actos de la Administración. En especial los de los órganos de recaudación y los de la Administración tributaria, este es un procedimiento previo y necesario para recurrir a la vía judicial contenciosa administrativa.

La tramitación y resolución de la reclamación económica administrativa es competencia de la Junta Superior de Hacienda. Los actos que se pueden presentar ante la junta son los de recaudación, inspección y gestión relacionados con los tributos propios.

El plazo para presentar la reclamación económica administrativa es de un mes. El cual comienza a contar a partir del día siguiente de recibida la notificación del acto impugnado. El vencimiento del plazo será el mismo día en que se recibió la notificación pero del mes siguiente.

En los casos de supuesto silencio administrativo, la reclamación se puede interponer el día siguiente a aquél en que se produzcan sus efectos. El procedimiento que se utiliza para la reclamación económica administrativa es el procedimiento abreviado o el procedimiento general.

El plazo para la resolución de una reclamación económica administrativa por el procedimiento abreviado es de seis meses. Para el procedimiento general el plazo es de un año.

¿Quién puede interponer una reclamación económica administrativa?

El artículo 232.1 de la Ley General Tributaria establece quienes pueden interponer una reclamación económica administrativa:

La reclamación la pueden hacer los obligados tributarios, es decir, las personas jurídicas o físicas, los sujetos infractores. También los entes a los que la normativa tributaria impone el cumplimiento de las obligaciones tributarias, según lo establecido en artículo 35 de la Ley.

La reclamación económica administrativa también la puede hacer cualquier otra persona que sus intereses legítimos se vean afectados por la actuación tributaria.

Plazos para presentar la reclamación económica administrativa

El desarrollo del procedimiento económico administrativo se cumple en tres etapas que son: iniciación, instrucción y terminación.

Etapa de iniciación

La etapa de iniciación consiste en la presentación de un escrito por parte del interesado ante el órgano que dictó dicho acto.

En el escrito se debe identificar el acto impugnado, los datos de identificación del reclamante, así como el Tribunal al que se dirige. También se debe indicar la dirección del reclamante para recibir las notificaciones.

El escrito puede contener los fundamentos jurídicos y fácticos en que se sustenta la impugnación o limitarse a que se tenga por presentada. Para este caso después se puede conceder un trámite de alegaciones.

Para interponer la reclamación se tiene un plazo de un mes, para que el órgano gestor en el mes siguiente lo remita junto con el expediente al Tribunal correspondiente. Pero en los casos que el escrito contenga las alegaciones, el órgano gestor puede anular parcial o totalmente el acto impugnado.

Esto de acuerdo con lo establecido en el artículo 235 de la Ley General Tributaria y remite el acuerdo al Tribunal junto con el expediente y la interposición.

Etapa de instrucción

Esta etapa consiste en el trámite de alegaciones y, poner de manifiesto el expediente y se dará por cumplido si se alegó cuando se interpuso la reclamación. Las pruebas a presentar pueden ser pericial o testifical y las declaraciones son admitidas ante el Secretario del Tribunal o el notario.

El procedimiento se puede practicar de oficio, comunicándose a las partes y se le da la posibilidad de alegaciones.

Etapa de terminación

Esta etapa puede ocurrir por varias situaciones como por desistimiento o renuncia, por caducidad del trámite de parte el interesado y por resolución.

En caso de que sea expresa, podría ser de inadmisibilidad, estimatoria o desestimatoria. Para cuando se considera falta de legitimación, extemporaneidad o ausencia de objeto del procedimiento.

Cuando pasa un año desde que se interpuso la reclamación sin haberse dictado acto, el reclamante puede podrá entender desestimada su solicitud. Esto sería por silencio y podría continuar su impugnación por la vía judicial o administrativa correspondiente.

Ejecución

La ejecución de las resoluciones corresponde a los órganos gestores, sin importar que se trate de anulación total o parcial del acto. Para lo cual es necesario dictar otro acto que sustituya el originario o si es desestimatoria que procede su aplicación.

Procedimiento abreviado

La reclamación se puede realizar por un procedimiento abreviado que puede ser utilizado en los siguientes casos:

  • Cuando la cantidad a reclamar es menor a 6.000 euros, en los casos que se trate de reclamaciones contra valoraciones o bases el importe debe ser menor a 72.000 euros.
  • Para los casos de alegatos exclusivos de ilegalidad de la inconstitucionalidad o de las normas. Cuando se alegue incongruencia o insuficiencia de motivación del acto impugnado, falta o defecto de notificación.
  • En los casos que se alegan cuestiones relacionadas con la comprobación de valores.

¿Cómo presentar una reclamación económica administrativa?

La presentación de la reclamación se debe hacer por medio de un escrito de interposición. El escrito debe ser dirigido al organismo que dictó el acto, que será el encargado de remitir a la Junta Superior de Hacienda.

El contenido del escrito es el siguiente:

  • Se debe indicar el Tribunal en el que se interpone la reclamación.
  • Los datos de identificación completos de quien hace la reclamación, conformados por apellidos, nombres y el Número de Identificación Fiscal. En caso de que la reclamación se haga a través de un representante debe llevar los apellidos y nombres, el Número de Identificación Fiscal y la razón social.
  • La información relacionada con el domicilio donde se desea recibir las notificaciones que se originen, relacionadas con la reclamación. Esto es necesario en los casos que sea diferente al domicilio fiscal.
  • La actuación o acto objeto de impugnación, el número de expediente y la fecha.

El escrito debe llevar una explicación de los motivos que justifican por qué no está de acuerdo con el resultado. Al finalizar debe colocar la fecha, el lugar y la firma.

Para la presentación del escrito se debe adjuntar los documentos que sirven de soporte para justificar la reclamación.

En el mismo escrito pueden incluirse las alegaciones o puede hacerse en otro trámite ante el mismo Tribunal.

El escrito de interposición cuando se va hacer la reclamación a través del procedimiento abreviado debe contener las alegaciones. Además se debe adjuntar las pruebas correspondientes y una copia del acto impugnado.

El escrito de interposición para la reclamación a través del procedimiento general, sólo debe indicar que se tenga por interpuesta la reclamación. Este escrito debe ir acompañado de las pruebas correspondientes y alegaciones en que fundamente su derecho.

¿Dónde se debe presentar una reclamación económica administrativa?

La presentación de reclamaciones económica administrativa se debe hacer ante la Junta Superior de Hacienda, se puede hacer vía telemática o presencial. Cuando el reclamante sea una persona jurídica obligatoriamente tiene que realizar el procedimiento por la vía telemática.

Para la presentación por la vía telemática de los escritos y los documentos correspondientes se requiere el DNI electrónico. También se puede utilizar uno de los Certificados Electrónicos que la Comunidad de Madrid reconoce.

La presentación presencial de la reclamación es para los interesados que no están obligados a relacionarse de manera electrónica con la Administración. El escrito junto con los documentos correspondientes se deben presentar ante la Junta Superior de Hacienda.

Para estos casos también se puede presentar la reclamación en cualquiera de las siguientes oficinas:

  • Oficinas de Registro perteneciente a la Comunidad de Madrid.
  • El Ayuntamientos perteneciente a la Comunidad de Madrid registrado en la Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano.
  • Oficina de la Administración General del Estado y de otras Comunidades Autónomas.
  • Oficinas de Correos.
  • En las representaciones diplomáticas o en las oficinas consulares de España que se encuentran en el exterior.

¿Qué tribunal se encarga de resolver la reclamación económica administrativa?

Los tribunales encargados de resolver una reclamación económica administrativa, son: el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), el Tribunal Económico Administrativo Local (TEAL) y el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR).

Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC)

Cuando el acto impugnado proviene de los organismos superiores o centrales de las Administraciones se encarga el Tribunal Económico Administrativo Central. Este tribunal también se encarga de los recursos de alzada donde se impugnan resoluciones de los Tribunales Económicos Administrativos Locales (TEAL).

Pero sólo cuando la cantidad de las reclamaciones sea más de 150.000 euros o 1.800.000 euros cuando se relacionen con fijación de valor o base imponible.

Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR), Tribunal Económico Administrativo Local (TEAL),

Estos tribunales se encargan de resolver una reclamación cuando el acto impugnado procede de los órganos periféricos de la Administración del Estado. También los que proceden de las Entidades Públicas que dependen de esta.

Los tribunales Locales y Regionales también se encargan de las reclamaciones que proceden de los organismos no superiores de la Administración de las Comunidades Autónomas.

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