legítima defensa - Requisitos

La legítima defensa, como se establece en el Código Penal, se basa en la necesidad de autoprotección o «animus defendendi», lo que permite a una persona defenderse a sí misma o a terceros contra una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos.

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Concepto de legítima defensa

La legítima defensa, contemplada en el artículo 20 del Código Penal, exonera de responsabilidad penal a quien actúa en defensa propia o de bienes propios o ajenos, siempre que se cumplan ciertos requisitos:

La legítima defensa aparece en el artículo 20 del Código Penal está exento de responsabilidad penal el que obre en defensa de la propia persona o de bienes propios o ajenos siempre concurran varios requisitos:

Primero. Agresión ilegítima. En caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los ponga en grave peligro de deterioro o pérdida inminentes. En caso de defensa de la morada o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquélla o éstas.

Segundo. Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla.

Tercero. Falta de provocación suficiente por parte del defensor.

Artículo 20.4 CP

Requisitos de la legítima defensa

Los requisitos fundamentales de la legítima defensa son:

Agresión ilegítima

La agresión ilegítima constituye el primer pilar de la legítima defensa y se caracteriza por cualquier acto injusto que amenaza los bienes jurídicos protegidos. Para que la legítima defensa sea aplicable, esta agresión debe representar un peligro inminente de deterioro o pérdida de estos bienes en situaciones de riesgo. Los bienes jurídicos protegidos principalmente son aquellos de índole personal, como la vida, la integridad física (incluyendo homicidio, asesinato y lesiones), la libertad sexual, el patrimonio, la integridad psíquica, la libertad ambulatoria y el honor.

Además, se pueden defender en legítima defensa tanto la seguridad exterior del estado como la morada. Sin embargo, no es posible utilizar la legítima defensa para proteger bienes colectivos.

El término «ilegítima» implica que la agresión es contraria a derecho, y por lo tanto, el sujeto no tiene el deber jurídico de soportar el ataque. Se requiere que la agresión sea típica, real e inminente, excluyendo la venganza como motivo. Si la agresión ya ha sido consumada, la legítima defensa no es válida, ya que en ese punto se trata de defender el bien jurídico, no de prevenir su daño. Además, el ataque debe ser grave para que se considere agresión ilegítima.

En los casos en que no exista un ataque real, aunque el sujeto lo perciba así, esta reacción del supuesto atacado se denomina legítima defensa putativa, lo que puede eximir de pena no bajo esta eximente, sino por error.

Racionalidad del medio empleado

La racionalidad del medio empleado en la legítima defensa se refiere a la adecuación y proporcionalidad de la respuesta utilizada para evitar o repeler la agresión. Esto implica que no debe existir otro medio de defensa disponible y que la respuesta debe ser proporcionada a las circunstancias específicas del hecho, sin que sea necesario un cálculo exacto o matemático.

En otras palabras, se busca utilizar un medio de defensa que sea eficaz pero que cause el menor daño posible. Respecto a la huida como medio de defensa, existen dos posturas doctrinales:

  1. No exigible ni aconsejable: Según el Tribunal Supremo, la huida no es ni necesaria ni recomendable como medio de defensa en todas las circunstancias.
  2. Opción de huida: Otra corriente doctrinal defiende de manera más firme la opción de la huida como medio de defensa, considerándola como una alternativa válida y prudente en ciertas situaciones.

Falta de provocación

El tercer requisito para la legítima defensa es la falta de provocación por parte del defensor. Esto significa que el defensor no debe haber incitado de ninguna manera la agresión que enfrenta. La provocación implica dar motivo para que otro individuo actúe de manera agresiva. Es importante destacar que este requisito se aplica tanto cuando el defensor es la víctima directa como cuando defiende a un tercero.

Para evitar confusiones, el código establece que la falta de provocación debe ser del defensor, no del agredido. Esto significa que, incluso si el agredido provocó la agresión, un tercero que defiende puede hacerlo legítimamente.

Estos requisitos constituyen los aspectos objetivos de la eximente de legítima defensa, que deben ser evaluados para determinar su aplicabilidad. Además de estos requisitos objetivos, también se considera el ánimo de defensa del sujeto. El acto defensivo debe estar motivado por la necesidad de protegerse a sí mismo o a otros, y no por un deseo de venganza. En caso de que exista un ánimo de defensa unido a un ánimo de venganza, aún puede aplicarse la eximente de legítima defensa, siempre y cuando el ánimo de defensa sea predominante.

Eximente completa, incompleta y analógica

La legítima defensa puede operar como una eximente completa cuando se cumplen todos sus requisitos, como la agresión ilegítima y el ánimo de defensa. Si falta alguno de estos requisitos, se consideraría una eximente incompleta. Es esencial recordar que la agresión ilegítima y el ánimo de defensa son elementos indispensables para su aplicación.

Cuando no se cumplen todos los requisitos, la legítima defensa puede funcionar como una eximente incompleta. Además, puede considerarse como una atenuante analógica según el último numeral del artículo 21.

Para aplicar la legítima defensa, el intérprete debe analizar su compatibilidad con otras circunstancias eximentes o atenuantes previstas en el código penal, así como la naturaleza del delito en relación con los bienes defendibles.

Todas las eximentes (las 4) actúan como causas de justificación, pero se interrelacionan como círculos secantes, lo que significa que comparten ciertos aspectos en común. Por lo tanto, al elegir la eximente adecuada para un caso particular, se debe hacer con precaución. El criterio de selección implica optar por aquella eximente que cumpla de manera más clara con todas las circunstancias. Este principio también se aplica a las llamadas causas de exculpación.

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