Prejudicialidad penal en el ámbito procesal: aspectos clave a tener en cuenta

prejudicialidad penal

La prejudicialidad penal implica la existencia de asuntos aún por resolver por parte de otra autoridad judicial en un proceso legal en curso. Por lo tanto, conlleva la suspensión de un procedimiento civil, laboral o administrativo cuando el núcleo del conflicto esté estrechamente relacionado con cuestiones penales.

Cuando esta situación no se aborda adecuadamente, puede dar lugar a fallos judiciales que no se ajusten a derecho, como por ejemplo, la prejudicialidad penal en casos de divorcio o despidos laborales.

La prejudicialidad penal se aplica únicamente cuando hay una conexión interna entre distintos órdenes jurisdiccionales.

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Características de la prejudicialidad penal

La prejudicialidad penal en el proceso civil se caracteriza en el sistema español por las siguientes reglas generales:

La no devolutividad prejudicial

La no devolutividad de los asuntos prejudiciales es una regla general en el sistema legal español, conforme al artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este artículo establece que cada orden jurisdiccional puede conocer de asuntos que no le hayan sido atribuidos exclusivamente, únicamente a efectos prejudiciales.

Sin embargo, si existe una cuestión prejudicial penal que resulta indispensable para la adecuada decisión del caso o que directamente condiciona su contenido, se procede a la suspensión del procedimiento hasta que dicha cuestión sea resuelta por los órganos penales competentes, a menos que la ley establezca excepciones.

Este principio se encuentra reflejado en el artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece los recursos contra las resoluciones sobre suspensión por prejudicialidad penal. Estos preceptos también están contemplados en la Ley 29/1998, que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como en la Ley 36/2011, que regula la jurisdicción social en el ámbito laboral.

En resumen, el principio rector en la prejudicialidad penal es la no devolución de los asuntos, que deben ser resueltos y enjuiciados por el tribunal o juzgado donde se tramita el procedimiento donde surge el conflicto prejudicial.

La devolutividad prejudicial penal como excepción general

La devolutividad prejudicial penal se establece como una excepción general según el artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga preferencia al orden penal sobre los demás.

En situaciones donde la existencia de un asunto prejudicial penal sea indispensable y condicione directamente el contenido del proceso principal, se determina la suspensión de este último si no es resuelto por los órganos penales correspondientes, salvo las excepciones que la ley pueda establecer.

Una excepción general a este principio, aplicable en términos generales, se manifiesta en la naturaleza penal del asunto prejudicial, como por ejemplo la prejudicialidad penal en un proceso monitorio. En tales casos, los órganos de otras jurisdicciones distintas a la penal ya no pueden intervenir en ellos únicamente a efectos prejudiciales.

Por lo tanto, el abogado debe remitir el caso al tribunal penal competente para su enjuiciamiento y esperar que emita una resolución relacionada con el asunto en cuestión.

Tipos de prejudiciales penales

Existen distintos tipos de asuntos prejudiciales, los cuales se clasifican según el órgano judicial encargado de resolverlos y la materia discutida, ya sea sobre una norma o hecho jurídico.

  1. Según el órgano judicial encargado de resolver:
    • Prejudicialidad devolutiva: La decisión del asunto prejudicial se remite a un juez de otra jurisdicción, quien debe esclarecer el asunto principal.
    • Prejudicialidad no devolutiva: El juez encargado de resolver el asunto principal también aborda el asunto prejudicial, incluso si está relacionado con otra rama del Derecho.
  2. Según la materia discutida:
    • Prejudicialidad administrativa, civil, laboral, penal y constitucional.
  3. Según la norma o hecho jurídico:
    • Se refiere a los asuntos prejudiciales relacionados con hechos que tienen una definición judicial y pertenecen a un elemento fáctico de tipo penal.
    • Las prejudicialidades de derecho buscan confirmar no solo la vigencia o existencia de una norma, sino también su legalidad, ya sea por inconstitucionalidad en el caso de las leyes, o por su legalidad en el caso de los reglamentos.

La regulación legal de la prejudicialidad penal se encuentra detallada en las siguientes leyes:

  1. En la LECRIM (Ley de Enjuiciamiento Criminal): se aborda en los artículos 3 al 7 del Capítulo II, titulado «Cuestiones prejudiciales».
  2. En la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil): se encuentra en la Sección II, denominada «De las cuestiones prejudiciales», específicamente en el Artículo 40, que trata sobre la prejudicialidad penal.
  3. En la Legislación procesal administrativa: se contempla en los artículos 4.1 y 4.2 de la legislación procesal administrativa.

¿Cómo se aplica la prejudicialidad penal?

La aplicabilidad de la prejudicialidad penal según el artículo 40 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se basa en los siguientes aspectos:

  1. Los hechos investigados que están relacionados con posibles delitos.
  2. Los actos que sustentan las demandas civiles de las partes.
  3. La posibilidad de que la decisión del tribunal penal tenga un impacto significativo en la resolución del caso civil.

Fuera de estos supuestos, la suspensión de un pleito civil no procede, según lo ha establecido el Tribunal Supremo. Esta aplicación restringida tiene como objetivo evitar violaciones del derecho constitucional, garantizando la tutela judicial efectiva sin suspensiones injustificadas de procesos no penales.

En este contexto, el régimen de suspensión del proceso civil cuando hay cuestiones de prejudicialidad penal se gestiona de la siguiente manera:

  • En general, el proceso civil no se suspende automáticamente debido a una cuestión de prejudicialidad penal.
  • La suspensión del proceso civil no ocurre de inmediato; el proceso continúa su curso hasta el momento previo a la emisión de la sentencia.
  • La carga de la prueba recae en el litigante que solicita la suspensión.

Recursos contra la prejudicialidad penal

Cuando se suspende un procedimiento civil debido a la prejudicialidad penal, el artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los siguientes recursos que pueden ser interpuestos:

  1. Recurso de apelación contra el auto que determina la suspensión del caso civil.
  2. Recurso de reposición contra el auto que deniega la suspensión del caso civil.
  3. Recurso directo de revisión contra el secretario judicial por el decreto que levanta la suspensión.
  4. Recurso extraordinario por infracción procesal contra los autos de apelación que confirman o acuerdan la suspensión.

Este recurso puede ser utilizado tanto para impugnar el auto inicial que ordena la suspensión como para impugnar el auto posterior que confirma la suspensión tras la interposición del recurso de reposición.

Esto refleja la necesidad de una conexión entre los procesos civil y penal para que la prejudicialidad penal sea válida, lo que implica que el asunto planteado debe resolverse previamente en el ámbito penal.

La prejudicialidad penal en el procedimiento administrativo

La prejudicialidad penal en el procedimiento administrativo se regula de manera similar a como ocurre en el ámbito civil. La normativa se encuentra establecida en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como en los artículos 3 y 4 de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Esto autoriza a los órganos judiciales del orden contencioso administrativo a resolver conflictos de este tipo con otras jurisdicciones, tratándolos como asuntos prejudiciales, aunque no sean de su competencia exclusiva.

El propósito principal de la prejudicialidad penal es dar prioridad al enjuiciamiento de asuntos que no pertenecen al ámbito administrativo. La normativa establece que el enjuiciamiento se realiza únicamente a efectos prejudiciales, lo que significa que las decisiones tomadas por los tribunales administrativos sobre estos asuntos solo afectan al proceso en cuestión y no tienen repercusión en otras jurisdicciones.

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