prejudicialidad penal

¿Qué es prejudicialidad penal?

La prejudicialidad penal consiste en la presencia de cuestiones pendientes de resolver por otra autoridad judicial en un asunto judicial en trámite. Lo que supone la suspensión de un proceso civil, laboral o administrativo, cuando el fondo del asunto esté ligado íntimamente con cuestiones de fondo imputadas a un tribunal penal.

Cuando se presenta esta situación y no se toman las medidas correspondientes se pueden originar otro tipo de pronunciamiento no ajustado a derecho. La prejudicialidad penal sólo es aplicada cuando existe una conexión interna entre los diferentes ordenes jurisdiccionales.

Características de la prejudicialidad penal

La prejudicialidad penal en el proceso civil se caracteriza en el sistema español porque está sometida a las siguientes reglas generales:

La no devolutividad de los asuntos prejudiciales

Esta es una regla general, según lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Donde indica que solo a efectos prejudiciales, cualquier orden jurisdiccional puede conocer de asuntos que no le hayan sido atribuidos exclusivamente.

Esta normativa lo que hace es reiterar la vigencia de una norma que está incorporada en el artículo 361 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. El cual se encuentra actualmente en el artículo 41 de la la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Estos preceptos quedaron después establecidos en la Ley 29/1998, con fecha 13 de julio en los artículos 3 y 4 de. Esta ley regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el ámbito del procedimiento laboral estos preceptos quedaron establecidos en la Ley 36/2011, con fecha 10 de octubre, el artículo 4. Esta ley regula la jurisdicción social.

Esto permite determinar que el principio rector o general en prejudicialidad penal es la no devolutivas. Las cuales tienen que ser resueltas y enjuiciadas por el tribunal o el juzgado donde se esté tramitando el procedimiento en donde el conflicto prejudicial se presente.

La devolutividad prejudicial penal como excepción general

El artículo 10.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece la preferencia del orden penal sobre todos los demás. Es decir, que con la existencia de un asunto prejudicial penal del que no se pueda prescindir cuando condicione de forma directa el contenido de ésta, se debe determinar la suspensión del proceso principal.

Esto será en los casos que no sean resueltas por los órganos penales correspondientes, sólo las excepciones que la ley establece.

La excepción general de este principio que también es de aplicación general, se encuentra en la naturaleza penal del asunto prejudicial. Esto debido a que cuando se presenta, los órganos que conforman las órdenes jurisdiccionales diferentes al penar ya no cuentan con la posibilidad de conocer sobre ellas a los solos efectos prejudiciales.

Por lo que el abogado tendrá que remitir su enjuiciamiento al tribunal o juzgado penal competente para enjuiciar el asunto de que se trate. Entonces deben esperar de ellos que emitan una resolución relacionada con el asunto.

Tipos de prejudiciales penales

Existen diferentes tipos de asuntos prejudiciales, los cuales son de acuerdo con el órgano judicial encargado de resolver. También de acuerdo con la materia discutida, según sobre una norma o hecho jurídico.

De acuerdo con el órgano judicial encargado de resolver

La prejudicialidad puede ser devolutiva, ocurre cuando la decisión del asunto prejudicial es remitida a un juez que pertenece a otra jurisdicción. El cual debe explicar el asunto principal.

Puede ser no devolutiva cuando el juez que tiene que resolver el asunto principal también resuelve el asunto prejudicial. Así esté relacionada con otra rama del Derecho.

De acuerdo con la materia discutida

La prejudicialidad se puede dar en el ámbito administrativo, civil, laboral, penal y constitucional.

De acuerdo con la norma o hecho jurídico

Esto depende de los asuntos prejudiciales que se relacionan al hecho, que son los que el conflicto prejudicial tiene definición judicial. El cual pertenece a un elemento fáctico de tipo penal.

Las prejudicialidades de derecho son las que tratan de confirmar no la vigencia o la existencia de una norma, sino su legalidad. Esto debido a que es inconstitucional, como son las leyes o por su legalidad en caso de los reglamentos.

Regulación legal de la prejudicialidad penal

La Regulación legal de la prejudicialidad penal se encuentra en las siguientes leyes:

  • Ley de enjuiciamiento criminal, en el Capítulo II, que lleva el nombre de las Cuestiones prejudiciales. A partir del artículo 3 al 7.
  • Ley de enjuiciamiento civil, Sección II que lleva el nombre “De las cuestiones prejudiciales”. Artículo 40, sobre la prejudicialidad penal.
  • Artículos 4.1 y 4.2 de la Legislación procesal administrativa.

¿Cómo se aplica la prejudicialidad penal?

La Ley de Enjuiciamiento Civil en el artículo 40 establece que los asuntos de prejudicialidad penal son los que tiene como presupuestos los siguientes aspectos:

  • Los hechos investigados relacionados con asuntos criminales como presuntamente partes de un delito
  • Los actos que fundamenten en el proceso civil los requerimientos de las partes.
  • Cuando la decisión del tribunal penal relacionada con dichos hechos pueda influir de forma determinante en la resolución del asunto civil.

Lo que hace que fuera de estos supuestos, la suspensión del pleito civil no procede, como ha declarado de forma reiterativa el Tribunal Supremo. Estos supuestos son de aplicación restrictiva con el propósito de evitar transgresiones en el derecho constitucional. Teniendo la tutela judicial efectiva a través de suspensiones injustificadas de pleitos no penales.

Esta es la razón por la que el régimen de la suspensión del proceso civil cuando existen los asuntos de prejudicialidad penal, se trata de la siguiente manera:

  • De carácter general, el proceso civil no se suspende con la existencia de un asunto prejudicial penal.
  • La suspensión del proceso civil no procederá de inmediato, sino que seguirá su tramitación hasta el momento antes de dictar sentencia.
  • La carga de la prueba la tiene que hacer el litigante que la solicita.

¿Qué se puede hacer cuando se suspende el acto civil por prejudicialidad penal?

El artículo 41 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece los recursos que se pueden interponer. Esto para los casos de auto denegando o acordando la suspensión del procedimiento civil, estos recursos son:

  • Recurso de apelación contra el Auto donde se determina la suspensión del asunto civil.
  • El recurso de reposición en contra del Auto que niegue la suspensión del asunto civil.
  • El recurso directo de revisión contra el secretario judicial por el decreto donde acuerda el levantamiento de la suspensión.

La interposición de un recurso extraordinario debido a infracción procesal contra los Autos dictados en apelación confirmando o acordando la suspensión. Este recurso se puede utilizar para el Auto que inicialmente acuerde la suspensión y el Auto que la acuerda cuando se estima el recurso de reposición.

Esto determina que para que exista la prejudicialidad penal debe haber una conexión entre los dos procesos. Lo que quiere decir que tiene que haber la necesidad de que el asunto planteado se resuelva previamente por el orden penal.

La prejudicialidad penal en el procedimiento administrativo

El tratamiento que se le da a la prejudicialidad penal en el proceso administrativo es muy parecido al que ocurre en el ámbito del proceso civil. El régimen jurídico lo regula de acuerdo con lo establecido en artículo 10.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los artículos 3 y 4 de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

Esto le otorga la autoridad a los órganos judiciales que conforman el orden contencioso administrativo. Para que conozcan los conflictos que se enjuician los cuales corresponden a otros órdenes de la jurisdicción. Con el propósito de que se comporten de acuerdo al objeto procesal principal que se esté enjuiciando, como asuntos prejudiciales.

Debido a que el conocimiento se planea con asuntos que no le hayan sido atribuidos al orden jurisdiccional contencioso administrativo de forma privativa. Porque se trata de enjuiciar asuntos que no pertenecen al orden administrativo.

La norma que se aplica establece que el enjuiciamiento se haga estrictamente a efectos prejudiciales. Esto significa que la decisión que los tribunales o juzgados del orden jurisdiccional contencioso administrativo adopten sobre estos asuntos sólo producirá efecto en el proceso que se dicte. Tampoco tendrá vinculación con el orden jurisdiccional correspondiente.

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