Malversación de caudales públicos - Funcionario coge dinero de los fondos públicos

El delito de malversación de caudales públicos se da cuando una autoridad o funcionario se apropia indebidamente de fondos públicos, provocando una alteración del patrimonio público.

Esta infracción está tipificada en el Título XIX, Capítulo VII, referente a los delitos contra la Administración Pública, dentro del Código Penal. La normativa correspondiente abarca desde el artículo 432 hasta el 435 del CP.

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¿Qué es el delito de malversación de caudales públicos?

La malversación de caudales públicos se refiere a la conducta ilícita en la cual un funcionario público, en el ejercicio de sus responsabilidades, obtiene indebidamente fondos que legítimamente pertenecen a otra entidad o desvía recursos públicos. Este delito no se limita exclusivamente a empleados gubernamentales, ya que también puede ser perpetrado por administradores particulares o concursales que tienen a su cargo fondos o bienes, ya sean de carácter privado o público.

La infracción penal tiene como objetivo principal obtener un beneficio personal y puede manifestarse de diversas formas, como permitir que terceros sustraigan fondos o bienes bajo su custodia, destinar recursos públicos para fines ajenos a la función pública que desempeñan, o utilizar de manera privada bienes inmuebles o muebles pertenecientes a entidades estatales, locales o autonómicas, así como a organismos dependientes de ellas.

Requisitos del delito de malversación de caudales públicos

El delito de malversación de caudales públicos presenta características particulares que deben cumplirse para su configuración:

  1. Calidad de funcionario o autoridad pública: El autor del delito debe ostentar la condición de funcionario o autoridad pública.
  2. Capacidad y competencia: Quien comete la malversación debe tener la capacidad y competencia necesarias para disponer del patrimonio público. Asimismo, debe poseer el poder de decisión jurídica sobre dichos recursos.
  3. Afectación a patrimonio público: El hecho delictivo debe ocasionar un perjuicio al patrimonio considerado como público.
  4. Abuso de autoridad, administración desleal o apropiación: La comisión del delito requiere de un abuso de la autoridad conferida, una conducta de administración desleal o un acto de apropiación indebida del patrimonio público.
  5. Intencionalidad o dolo: El delito debe ser cometido de manera intencional o dolosa, es decir, con pleno conocimiento y voluntad por parte del autor. Además, la realización del acto delictivo debe perseguir la obtención de un lucro personal.

Bien jurídico protegido del delito de malversación

El delito de malversación de caudales públicos afecta directamente a la administración pública y al patrimonio, razón por la cual el Código Penal establece medidas para salvaguardar estos bienes jurídicos de vital importancia. En este sentido, la protección se manifiesta de la siguiente manera:

  1. Salvaguarda de la integridad del patrimonio público: El Código Penal busca preservar la totalidad de los recursos financieros y bienes pertenecientes al ámbito público, evitando cualquier desviación indebida o malversación.
  2. Garantía del buen funcionamiento de las actividades estatales: La normativa legal tiene como objetivo principal asegurar el adecuado desenvolvimiento de las funciones del Estado, los organismos públicos y la administración en general. De esta manera, se busca prevenir cualquier acto que pueda perjudicar la eficacia y legalidad de dichas actividades.
  3. Protección de la confianza social en el manejo de fondos estatales: El Código Penal también se orienta a preservar la confianza que la sociedad deposita en la correcta gestión de los recursos públicos. Esto implica asegurar que los funcionarios públicos cumplan con los deberes de transparencia y fidelidad en el manejo de los fondos del Estado, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones gubernamentales.

Penas del delito de malversación

Las penas asociadas al delito de malversación varían según la gravedad de la conducta y la magnitud de los bienes adquiridos de manera indebida.

Malversación agravada

La malversación agravada está contemplada en el artículo 432.3 del Código Penal. Esta forma agravada de malversación puede manifestarse en los siguientes casos:

3. Se impondrán las penas de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si en los hechos a que se refieren los dos números anteriores hubiere concurrido alguna de las circunstancias siguientes:

a) se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público, o

b) el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros.

Si el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 250.000 euros, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.

Artículo 432.3 del Código Penal

Malversación del tipo atenuado

La malversación del tipo atenuado se encuentra regulada en el artículo 433 del Código Penal:

Los hechos a que se refiere el artículo anterior serán castigados con una pena de prisión de uno a dos años y multa de tres meses y un día a doce meses, y en todo caso inhabilitación especial para cargo o empleo público y derecho de sufragio pasivo por tiempo de uno a cinco años, cuando el perjuicio causado o el valor de los bienes o valores apropiados sea inferior a 4.000 euros.

Artículo 433 CP

Tipos de malversación de caudales públicos

Los tipos de malversación de caudales públicos son los siguientes:

Malversación propia

La malversación propia se da cuando una autoridad o funcionario administra los recursos públicos en función de sus propios intereses, incorporándolos a su patrimonio. Esta modalidad de malversación está definida en el artículo 432 del Código Penal, el cual establece lo siguiente:

1. La autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 252 sobre el patrimonio público, será castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años.

2. Se impondrá la misma pena a la autoridad o funcionario público que cometiere el delito del artículo 253 sobre el patrimonio público.

Artículo 432 del Código Penal


La malversación propia se desglosa en dos categorías distintas:

1. Malversación de uso: La administración desleal se materializa en la gestión de fondos públicos cuando se aprueban normas que autorizan el uso de recursos materiales, humanos y tecnológicos para fines ajenos a los de la propia administración. La pena para este delito implica una pena de prisión que oscila entre dos y seis años, junto con la inhabilitación para ocupar empleos o cargos públicos. Además, el funcionario público o la autoridad que comete la administración desleal quedará inhabilitado para ejercer el sufragio pasivo durante un periodo de seis a diez años.

2. Malversación apropiativa: La apropiación indebida se encuentra regulada en el artículo 432.2 del Código Penal. Esta acción consiste en la apropiación de caudales o fondos pertenecientes al patrimonio público con el propósito de destinarlos a fines personales. La sanción correspondiente para este delito incluye una pena de prisión que varía entre dos y seis años, así como la inhabilitación para desempeñar empleos o cargos públicos. De igual manera, el funcionario público o la autoridad que cometa la apropiación indebida quedará inhabilitado para ejercer el sufragio pasivo por un periodo de seis a diez años.

Falseamiento de la contabilidad

El falseamiento de la contabilidad se encuentra previsto en el artículo 433 bis del Código Penal:

1. La autoridad o funcionario público que, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, y fuera de los supuestos previstos en el artículo 390, falseare su contabilidad, los documentos que deban reflejar su situación económica o la información contenida en los mismos, será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público, que de forma idónea para causar un perjuicio económico a la entidad pública de la que dependa, facilite a terceros información mendaz relativa a la situación económica de la misma o alguno de los documentos o informaciones a que se refiere el apartado anterior.

3. Si se llegare a causar el perjuicio económico a la entidad, se impondrán las penas de prisión de uno a cuatro años, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a diez años y multa de doce a veinticuatro meses.

Artículo 433 bis del Código Penal

Malversación impropia

La malversación impropia, también conocida como desfalco, es llevada a cabo por individuos particulares, no por autoridades o funcionarios, según lo dispuesto en el artículo 435 del Código Penal. Esta modalidad se configura cuando se cumplen las siguientes circunstancias:

  1. Cuando personas particulares tienen la responsabilidad sobre rentas, fondos o efectos de la Administración Pública.
  2. Las personas que perpetraron el delito fueron legalmente designadas como depositarios de caudales o fondos públicos.
  3. Cuando personas naturales actúan como depositarios o administradores de bienes o dinero que han sido secuestrados, depositados o embargados por la autoridad pública.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de malversación

La malversación de caudales por personas jurídicas se encuentra regulada por la LO 1/2019, que modifica el artículo 435.5 del Código Penal. En caso de que estos delitos sean perpetrados conforme a lo estipulado por la ley, las sanciones aplicables son las siguientes:

  1. Multa de dos a cinco años: Esta sanción puede oscilar entre el doble y el quíntuple del valor de los efectos o bienes apropiados, así como del perjuicio ocasionado. La cuantía exacta se determina de acuerdo con la magnitud del delito cometido.
  2. Multa de seis meses a dos años: En situaciones donde la cantidad obtenida sea superior, se impone una multa que varía entre seis meses y dos años, o entre el doble y el triple del valor de los efectos o bienes apropiados, o del daño causado. Esto se aplica cuando la pena de prisión correspondiente a una persona física supera los cinco años.

Además de las multas, los tribunales y jueces, en consonancia con lo establecido por la ley, pueden imponer medidas adicionales como la suspensión o prohibición de actividades, disolución, clausura de locales, intervención judicial o inhabilitación para recibir subvenciones, de acuerdo con la gravedad de los hechos y las circunstancias específicas del caso.

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