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El delito de impago de pensiones

El delito de impago de pensiones está castigado en el Código penal con penas de prisión que van de tres meses de prisión o multa de seis a veinticuatro meses.

Ante esta situación aconsejamos que consulten directamente con nuestro despacho para gestionar su defensa de una manera óptima y asesorarles sobre la viabilidad de la misma.

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Delito impago de pensiones

El delito de impago de pensiones se encuentra regulado en el artículo 227 del Código Penal, este protege los derechos fundamentales de la familia. Es considerado un delito porque se quebranta el principio de autoridad, por no cumplir con una orden originada por una resolución judicial.

Este delito tiene como objetivo el incumplimiento grave de los deberes que provienen de las relaciones familiares y establecidas en una resolución judicial luego de una separación o divorcio.

¿Qué es el delito de impago de pensiones?

Las pensiones de alimentos es la obligación que tienen los progenitores divorciados o separados con los hijos menores. Esto es la principal obligación que tienen los padres luego del divorcio.

La pensión de alimentos es un derecho que tienen los hijos menores, por lo que está protegida por el ordenamiento jurídico. El pago de esta lo debe hacer de forma periódica el progenitor que no tiene la custodia, con el propósito de colaborar en la manutención y crianza de los hijos.

La pensión compensatoria, es otro tipo de pago que se establece para el cónyuge que por causa del divorcio o separación quede en una difícil situación económica.

El impago de pensiones puede ser en beneficio de los hijos o de la pensión compensatoria en beneficio del cónyuge, luego de ser convenido en una resolución judicial. Estos hechos son considerados por el código penal como un delito de abandono de familia.

El pago de pensiones se establece a través de una resolución judicial que es dictada mediante un procedimiento civil.

Las resoluciones judiciales son sentencias dictadas en los procesos de divorcio, filiación, separación, nulidad matrimonial; un convenio judicialmente aprobado o un proceso de alimentación de los hijos.

El pago de pensiones debe hacerse hasta que salga una resolución que diga lo contrario o que los hijos tengan la capacidad económica para mantenerse.

¿Quién tiene que pagar las pensiones?

El proceso de pago de las pensiones cuenta con dos figuras, que son las siguientes:

  • Deudor de la pensión, es la persona que debe abonar la misma de forma periódica.
  • Acreedor de la pensión, es la persona que debe cobrar la pensión.
  • Cuando se trata de la pensión alimenticia es la cantidad de dinero que uno de los progenitores debe abonar al otro luego del divorcio. Esto con el propósito de contribuir con los gastos de manutención y crianza de los hijos menores.
  • El pago de las pensiones lo tiene que hacer el progenitor que no tiene la custodia de los hijos. Esto debido a que el progenitor que tiene la custodia asume gastos diarios. Cuando el acreedor de la pensión es menor de edad, esta debe ser abonada al progenitor con el que convive el menor.

Requisitos para el delito impago de pensiones

Para que exista el delito impago de pensiones se deben cumplir ciertos requisitos, que son los siguientes:

  • Lo primero es que debe existir una resolución judicial firme, como separación, alimentos, sentencia de divorcio, nulidad matrimonial o filiación. Este debe fijar y obligar a uno de los progenitores a cumplir con una pensión alimenticia para sus hijos, los cuales se encuentran a cargo del otro progenitor.
  • La resolución judicial es la que permite comprobar que existe un incumplimiento del pago de las obligaciones que establece la misma.
  • El segundo requisito es que exista una conducta voluntaria y que el incumplimiento se origine por dos meses sucesivos o cuatro meses alternos.
  • El tercer factor es que a pesar de conocer la obligación que tiene de pagar, existe la voluntad de parte del deudor para el incumplimiento, es decir, tiene que hacer una omisión dolosa del pago.

¿Qué hacer con el impago de pensiones?

Las pensiones no deben dejar de pagarse de forma voluntaria, lo que significa que, si en algún momento no se puede hacer el pago de la pensión impuesta o acordada, lo recomendable es acudir a los tribunales con el propósito de solicitar una modificación de la medida.

El impago de las pensiones puede ser reclamado por la vía ejecutiva, ya que de acuerdo con el artículo 227 del Código Penal constituye un delito de abandono de familia. El delito se origina cuando las pensiones se dejan de pagar por dos meses consecutivos o durante 4 meses no contiguos.

Cuando no se recibe el pago de las pensiones el acreedor de la pensión o el Ministerio Fiscal, pueden reclamar el abono de las cantidades impagadas, primero mediante un procedimiento civil de ejecución de sentencia.

El no cumplimiento de la demanda permite que el Juez decrete un embargo del salario o de cualquier otra renta que tenga el demandado.

¿En qué consisten los delitos de abandono de familia?

Los delitos de abandono de familia se encuentran contemplados en el Código Penal en el Título XII, que trata sobre los delitos contra las relaciones familiares, en el Capítulo III que se refiere a los delitos contra los deberes y derechos familiares.

El delito de abandono de familia, se comete cuando se deja de cumplir con los deberes legales de asistencia relacionados con la tutela, patria potestad, acogimiento familiar, guarda o prestar la asistencia legalmente instaurada para el sustento de sus ascendientes, descendientes o cónyuge.

El que comete el delito de abandono de familia será castigado de acuerdo con lo que estipula El Código Penal. El castigo por este delito es el siguiente:

Pena de prisión que varía entre 3 y 6 meses y una multa que va de 6 a 12 meses, además el Tribunal o el Juez puede imponer la pena de inhabilitación especial para ejercer el derecho de guarda, tutela, patria potestad o acogimiento familiar por un tiempo que varía entre 4 y 10 años.

El delito de abandono de familia sólo será perseguido por la justicia cuando exista una denuncia previa de la persona afectada o de su representante legal. En el caso de que la persona afectada sea menor de edad, una persona desvalida o persona con discapacidad necesitada de especial protección, también podrá presentar su denuncia ante el Ministerio Fiscal.

Tipos de delitos de abandono de familia

Los tipos de delitos de abandono de familia que contempla el Código Penal español son los siguientes.

Delito de impago de pensiones

El delito de impago de pensiones se encuentra establecido en el Código Penal en el artículo 227. Esto se da cuando se deja de pagar por dos meses sucesivos o 4 meses alternos cualquier tipo de pensión económica, será castigado penalmente.

Para que exista el delito de impago de pensiones esta debe ser en beneficios de los hijos o del cónyuge y haya sido establecido en una resolución judicial por divorcio, proceso de filiación, separación legal, declaración de nulidad del matrimonio o proceso de alimentos a favor de los hijos.

La pena para el delito de abandono de familia por el impago de pensiones que establece el código penal es de prisión de 3 meses a 1 año y multa de 6 a 24 meses.

Abandono de la guarda

Cuando una persona ha sido encargada de la guarda de una persona con discapacidad que necesita protección especial o de un menor de edad y se origina por parte de esta persona un abandono, será castigado penalmente de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal.

La pena señalada en el Código Penal para el delito de abandono de la guarda es de prisión entre uno y dos años. Cuando el abandono es por parte de los tutores, los padres o guardadores legales, se encuentra establecida una pena de prisión entre 18 meses y 3 años.

Cuando por el abandono de la guarda se ha puesto en peligro la salud, la integridad física, la vida o libertad sexual de la persona con discapacidad o del menor, se impondrá un castigo de pena de prisión de 2 a 4 años.

El Tribunal o el juez de considerarlo conveniente podrán imponer la pena de inhabilitación especial para ejercer el derecho de guarda, curatela, patria potestad, tutela o acogimiento por un tiempo que varía entre 4 y 10 años.

Cuando la guarda del menor o de la persona con discapacidad la ejerce un funcionario público, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o ejercer un cargo público por un tiempo que va de 2 a 6 años.

Entrega a terceros del discapacitado o menor a terceros

La persona que está a cargo de la educación o crianza de un menor de edad o de una persona que tiene discapacidad y necesita de protección especial, lo entrega a un establecimiento público o a un tercero, sin la autorización de quien se lo haya confiado será castigado con pena de multa de entre 6 y 12 meses.

Cuando con la entrega a terceros del discapacitado o menor se pone en peligro la salud, la integridad física, la vida o libertad sexual se impondrá una pena de prisión entre 6 meses y 2 años.

Utilizar a discapacitados o menores para mendicidad

Las personas que presten o utilicen a personas con discapacidad y necesitadas de protección especial o menores de edad para practicar la mendicidad, serán castigados con pena de prisión entre 6 meses y 1 año.

Cuando con los fines se trafica con discapacitados o menores de edad, pero empleando la intimidación o violencia, se les suministre sustancias nocivas para su salud, será castigado con pena de prisión de entre 1 y 4 años.

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