Los delitos urbanísticos: concepto y regulación en España

Delitos urbanísticos

Los delitos urbanísticos están estrechamente vinculados con la construcción de edificaciones en áreas restringidas, sin licencia o en suelos no urbanizables. En términos simples, abarcan cualquier acción que contravenga la normativa sobre el uso adecuado del suelo, según lo establecido por la legislación.

Este tipo de infracción es también conocido como delito sobre la ordenación territorial y urbanística. Se aplica tanto a personas físicas como jurídicas que llevan a cabo obras de urbanización, construcción o edificación no autorizadas.

El derecho urbanístico constituye una rama del derecho administrativo que comprende un conjunto de normas diseñadas para regular la utilización del suelo, el urbanismo y el territorio. Por lo tanto, estas normativas regulan cualquier actividad relacionada con el uso del suelo por parte de sus propietarios, en conformidad con un Plan de Ordenación Urbanística.

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¿Qué constituye un delito urbanístico?

Los delitos relacionados con la ordenación del territorio y el urbanismo están debidamente regulados en el Código Penal español, específicamente en los artículos 319 y 320. Estas disposiciones se encuentran detalladas en el Capítulo I, Título XVI de la ley.

En términos claros, un delito urbanístico se define como cualquier acción que contravenga el derecho urbanístico, ya sea cometida por una persona física o jurídica. Esto incluye la construcción ilegal de edificaciones, la realización de obras sin la debida licencia, o la intervención en suelos no aptos para urbanizar. En algunos casos, las medidas correctivas pueden implicar la restitución del terreno a su estado original o la demolición de las estructuras hechas ilegalmente.

Penas de los delitos urbanísticos

El Código Penal español tipifica dos tipos de delitos urbanísticos: básico y agravado

Penas urbanísticas en modalidad básica

El delito urbanístico en su modalidad básica se refiere a las acciones llevadas a cabo en suelo no urbanizable, incluyendo la construcción de edificaciones no autorizadas y urbanizaciones ilegales.

Los actos constitutivos de este delito son deliberados y contravienen la normativa vigente en materia de planificación y ordenación urbana.

Los sujetos activos de este tipo de delito pueden ser promotores, directores y constructores. Es importante definir:

  • Promotores: Individuos o entidades financieras que proporcionan capital para la construcción con el fin de obtener beneficios económicos.
  • Arquitectos: Profesionales encargados de dirigir técnicamente la obra o gestionar los recursos y elementos necesarios para su ejecución.
  • Constructores: Responsables de aportar los recursos humanos y materiales para la construcción, siguiendo las directrices del promotor.

El artículo 319.2 del Código Penal español establece de 1 a 3 años de prisión y multas de 12 a 24 meses, para aquellos que ejecuten obras de construcción no autorizadas. Las multas pueden triplicarse en caso de obtener beneficios económicos significativos, y se puede imponer una inhabilitación de hasta 4 años para ejercer la profesión u oficio.

Penas urbanísticas en modalidad agravada

Los delitos urbanísticos en su modalidad agravada se cometen cuando se construye en suelos con protección especial, agravando así la infracción establecida en la modalidad básica.

El artículo 319.1 del Código Penal establece penas de prisión de 1 año y 6 meses a 4 años de prisión, multas de 12 a 24 meses, e inhabilitación de 1 hasta 4 años en su cargo público, para quienes lleven a cabo actividades de construcción en áreas protegidas.

Según la legislación española, se consideran suelos de protección especial aquellos destinados a zonas verdes, bienes de dominio público, obras viales y edificaciones de valor cultural, ecológico, paisajístico o histórico.

Prevaricación urbanística

Este tipo delito de delito de prevaricación se regula en el artículo 320 del Código Penal y se divide en tres modalidades:

  1. Prevaricación urbanística en expedientes urbanísticos: cometida por funcionarios públicos que, a sabiendas de su ilegalidad, aprueban proyectos urbanísticos contrarios a la legislación vigente, con penas que incluyen inhabilitación y prisión.
  2. Omisión de la inspección: consiste en la falta de supervisión de las actividades delictivas mencionadas anteriormente, con penas similares a las de la prevaricación urbanística en expedientes urbanísticos.
  3. De acuerdo con el artículo 320.2 los funcionarios públicos o autoridades que voten a favor de construcciones, concesión de licencias, planeamientos o parcelación, teniendo en cuenta el delito, tendrá las mismas penas que se mencionan en el apartado anterior.

¿Pueden las personas jurídicas cometer delitos urbanísticos?

Sí, tanto las personas naturales como las jurídicas pueden incurrir en delitos urbanísticos. En el caso de las personas jurídicas, el artículo 319.4 del Código Penal establece una pena de multa que va desde 1 hasta 3 años.

No obstante, esta sanción puede aumentar si el beneficio obtenido por el delito supera cierto umbral. En tal caso, la multa puede ascender hasta el triple del beneficio ilícito generado. Es importante destacar que los jueces tienen la facultad de imponer medidas adicionales, como la disolución de la persona jurídica infractora.

Además, los tribunales pueden ordenar la suspensión de sus actividades durante un período determinado, así como la clausura temporal de sus instalaciones. También se pueden aplicar prohibiciones para recibir ayudas públicas, subvenciones o para contratar con el sector público.

Prescripción del delito urbanístico

  • Las infracciones urbanísticas deben prescribir en 4 años según la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y el Decreto Ley 16/1981.
  • Según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, las infracciones urbanísticas prescriben en 4 años, excepto aquellas que afectan a suelo no urbanizable de protección, zonas verdes y espacios libres, que no tienen plazo de prescripción.
  • El plazo para iniciar un proceso sancionador varía de 1 a 4 años desde la culminación de la obra, dependiendo de la gravedad del delito.
  • El plazo de prescripción de las infracciones comienza desde el día en que se comete la infracción o desde el día en que podría haberse iniciado el procedimiento sancionador.
  • El proceso sancionador puede dirigirse contra el propietario de la propiedad, constructores, promotores y directores de la obra.

Errores de tipo en los delito urbanísticos

Un error de tipo en este contexto puede entenderse como:

  1. El sujeto activo lleva a cabo la construcción creyendo que es legal, simplemente porque otras construcciones en la zona no han sido sancionadas.
  2. El sujeto activo considera que la obra puede ser legalizada a largo plazo, incluso si no cuenta con la licencia inicialmente.

En relación con el error de tipo, la jurisprudencia puede abordar el caso de varias maneras, teniendo en cuenta:

  • Las condiciones subjetivas del autor, es decir, su estado mental y su percepción de la legalidad de la acción.
  • Las condiciones objetivas del acto, como la existencia de normativas claras y la viabilidad real de legalizar la obra.

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