Delitos contra la Administración Pública: Tipos y consecuencias legales

Delitos contra la Administración Pública

Los delitos contra la Administración Pública abarcan los comportamientos delictivos cometidos por funcionarios públicos y autoridades. Este tipo de delito se considera especial, teniendo como bien jurídico protegido el correcto desempeño de la función pública.

Además, el artículo 103 de la Constitución española establece que:

  • La Administración Pública sirve objetivamente a los intereses generales.
  • Opera según los principios de jerarquía, descentralización, coordinación y eficacia, estando totalmente sujeta al derecho y al imperio de la ley.

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Tipos de delitos contra la Administración Pública

La normativa que regula los delitos contra la Administración Pública se encuentra detallada en los artículos 404 al 445 del Código Penal, Ley Orgánica 10/1995, fechada el 23 de noviembre. Esta información está contenida en el Título XIX, donde cada capítulo aborda un delito específico.

Delito de prevaricación

El delito de prevaricación, contemplado en el artículo 404 del Código Penal, se materializa cuando un funcionario público o autoridad emite una resolución injustificada en un asunto administrativo, siendo plenamente consciente de su naturaleza arbitraria e injusta.

Se excluyen aquellos comportamientos menos graves atribuibles a ignorancia, error o negligencia, los cuales son objeto de sanción disciplinaria.

La pena asignada para este delito incluye la inhabilitación del cargo o empleo público, así como la privación del derecho al sufragio pasivo. La duración de la pena de inhabilitación puede oscilar entre nueve y quince años.

Delito de abandono de destino

Conforme al artículo 407 del Código Penal, el delito de abandono se configura cuando un funcionario público o autoridad omite perseguir delitos específicos, entre ellos:

  • Delitos contra la Comunidad Internacional (Título XXIV).
  • Delitos contra el orden público (Título XXII).
  • Delitos relacionados con la defensa nacional (Título XXIII).
  • Delitos contra la constitución (Título XXI).
  • Delitos contra la paz, traición o independencia del Estado (Título XXII).

Las penas establecidas por el Código Penal para estos delitos contra la Administración Pública incluyen prisión, con un rango de uno a cuatro años, y la inhabilitación absoluta para el ejercicio de cargo o empleo público durante un período de seis a diez años.

El artículo 408 del Código Penal establece que el funcionario público o autoridad que abandone su destino para no perseguir o impedir cualquier otro delito será sancionado con la inhabilitación especial, con una duración de seis meses a dos años.

Delito de desobediencia

Cuando un funcionario público o autoridad se niega a cumplir órdenes, decisiones o resoluciones judiciales emanadas por una autoridad, incurre en el delito de desobediencia, de acuerdo con la regulación establecida en los artículos 410 del Código Penal.

La pena impuesta por este delito es la inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público, con una duración de seis meses a dos años, además de una multa que oscila entre tres y doce meses.

Conforme al artículo 411 del Código Penal, si un funcionario público o autoridad, una vez suspendida la ejecución de las órdenes de sus superiores, reincide en la desobediencia, comete nuevamente el delito de desobediencia. En este caso, la pena incluye la inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público durante uno a tres años, acompañada de una multa de doce a veinticuatro meses.

Denegación de auxilio

El delito de denegación de auxilio, regulado en el artículo 412 del Código Penal, ocurre cuando un funcionario público no presta auxilio requerido por la autoridad competente para administrar justicia u otro servicio público.

  1. En el caso general, el artículo 412.1 establece que la conducta será castigada con la suspensión del cargo o empleo público por un período de seis meses a dos años, acompañada de una multa de tres a doce meses.
  2. En situaciones donde el delito es cometido por un agente de la autoridad o responsable de una fuerza pública, el artículo 412.2 prescribe la suspensión del cargo o empleo público por dos a tres años y una multa de doce a dieciocho meses.
  3. Según el artículo 412.3, se configura el delito de denegación de auxilio cuando un funcionario público o autoridad se abstiene de prestar auxilio ante el requerimiento de un particular para evitar un delito contra la vida de las personas. La pena incluye la inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por tres a seis años y una multa de dieciocho a veinticuatro meses.
  4. El artículo 412.3, párrafo segundo, establece que en casos de delitos contra la salud, libertad sexual, libertad de las personas o la integridad, la pena será la suspensión de cargo o empleo público por uno a tres años, y una multa de doce a dieciocho meses.
  5. El artículo 412.3, párrafo tercero, contempla el escenario en que el requerimiento se haga para evitar cualquier otro tipo de delito, y la pena incluirá la suspensión del cargo o empleo público por seis meses a dos años, y una multa de tres a doce meses.

Delito de infidelidad por la custodia de documentos

El delito de Infidelidad por la Custodia de Documentos, regulado en el artículo 413 del Código Penal, se configura cuando un funcionario público o autoridad, estando obligado a proteger documentos, los inutiliza, destruye, sustrae u oculta de manera intencional o estando plenamente consciente de sus acciones.

La pena establecida para este delito incluye prisión, con un rango de uno a cuatro años, una multa que oscila entre siete y veinticuatro meses, y la inhabilitación especial para ejercer cargo o empleo público por un período de tres a seis años.

Adicionalmente, el artículo 415 contempla sanciones para la autoridad o funcionario público que proporcione acceso a documentos secretos a personas no autorizadas. En este caso, la pena impuesta es la inhabilitación por uno a tres años y una multa de seis a doce meses.

Delito de violación de secretos

El delito de Violación de Secretos, contemplado en el artículo 417 del Código Penal, se configura cuando autoridades o funcionarios públicos revelan información conocida exclusivamente por su cargo.

La sanción para este delito incluye una multa que varía entre doce y dieciocho meses, junto con una inhabilitación de uno a tres años. En situaciones en las que la revelación indebida cause daños graves a terceros o a la causa pública, se impone la pena de prisión, oscilando entre uno y tres años, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante tres a cinco años.

La pena se agrava si los secretos pertenecen a un particular, conllevando una pena de prisión de dos a cuatro años, una multa entre doce y dieciocho meses, y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a tres años.

Delito de cohecho

El delito de cohecho, regulado en los artículos 419 al 427 del Capítulo V de los delitos contra la Administración Pública del Código Penal, implica la entrega de sobornos con el objetivo de corromper a un funcionario público y obtener un favor a cambio.

Este ilícito penal, que involucra la entrega de dinero o regalos para inducir a un funcionario a omitir una acción, se considera grave y es castigado con penas asociadas a este delito incluyen prisión de tres a seis años, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo por un periodo de nueve a doce años.

El cohecho se configura en transacciones entre particulares y funcionarios públicos, siendo aplicable a cualquier persona que ejerza en la Administración pública.

Delito de tráfico de influencias

El delito de tráfico de influencias, regulado en los artículos 428 al 431 del Capítulo VI del Código Penal, se produce cuando la intención principal es obtener un beneficio económico debido a la posición que ocupa el influenciador. Las sanciones para este delito son las siguientes:

  1. Si un funcionario influye en otro para obtener un beneficio, se castiga con prisión de seis meses a dos años, inhabilitación para ejercer un cargo público y una multa.
  2. Cuando un particular influye en un funcionario, se impone prisión de seis meses a dos años, multa, prohibición de recibir ayudas estatales o subvenciones, restricción para contratar con el sector público y la prohibición de recibir incentivos de la Seguridad Social o fiscales.
  3. Si un particular contrata a un tercero para realizar acciones de tráfico de influencias, se castigará con prisión de seis meses a un año.
  4. En el caso de que el delito sea cometido por un funcionario, la sanción incluye inhabilitación para ejercer un cargo público y prisión de seis meses a un año.

Delito de malversación de caudales públicos

El delito de malversación de caudales públicos, regulado en los artículos 432 a 435 del Capítulo VII del Código Penal, ocurre cuando una autoridad o funcionario público realiza un uso indebido o sustrae bienes de carácter público o patrimonio ajeno. Las sanciones para este delito son las siguientes:

  1. Inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer un cargo público de seis a diez años, además de prisión de dos a seis años.
  2. En casos de graves daños al servicio público con un valor superior a 50.000 euros, la sanción incluye inhabilitación de diez a veinte años y prisión de cuatro a ocho años. En situaciones donde los daños superen esta cantidad, la pena puede duplicarse.
  3. Para daños menores a 4.000 euros, la sanción es inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer cargos públicos de uno a cinco años, prisión de uno a dos años y multa de tres meses.
  4. En casos de falsificación de documentos, la pena es inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a diez años y multa de doce a 24 meses.

Delito de fraudes y exacciones ilegales

El delito de fraudes y exacciones ilegales, regulado en los artículos 436 al 438 del Código Penal dentro del Capítulo VIII, se comete mediante concertaciones fraudulentas, exigencia de tarifas ilegales, estafa o apropiación indebida por parte de funcionarios públicos. Las sanciones son las siguientes:

  1. Concertaciones fraudulentas:
    • Inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer un cargo público por seis a diez años.
    • Prisión de uno a tres años.
  2. Particulares involucrados en concertaciones fraudulentas:
    • Prisión de uno a tres años.
    • Inhabilitación para recibir ayudas del estado, subvenciones, contratar con el sector público y recibir incentivos de la Seguridad Social o fiscales por dos a siete años.
  3. Exigencia de tarifas ilegales:
    • Suspensión del cargo o empleo público por seis meses a cuatro años.
    • Multa de seis a veinticuatro meses.
    • Reintegro de las exigencias de tarifas.
  4. Estafa o apropiación indebida por funcionarios públicos en prestaciones del Sistema de Seguridad Social:
    • Pena establecida en su mitad superior.
    • Inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer cargos públicos por tres a nueve años.

Negociaciones y actividades que se prohíben a los funcionarios públicos

El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, regulado en los artículos 439 al 442 del Código Penal dentro del Capítulo IX, se configura cuando un funcionario pretende participar en contratos para obtener beneficios de su posición. Las sanciones son las siguientes:

  1. Participación en contratos para obtener beneficios:
    • Inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer un cargo público por dos a siete años.
    • Prisión de seis meses a dos años.
    • Multa de doce a 24 meses.
  2. Contadores, peritos y árbitros involucrados:
    • Inhabilitación para ejercer un cargo público por tres a seis años.
    • Multa de doce a 24 meses.
  3. Uso de información privilegiada para beneficios económicos:
    • Multa (triple del beneficio obtenido).
    • Inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer un cargo público por dos a cuatro años.
  4. Delito que afecta gravemente a terceros o al sector público:
    • Prisión de uno a seis años.
    • Inhabilitación para el sufragio pasivo y para ejercer un cargo público por tres a seis años.

Delito de abusos en ejerciendo sus  funciones

El delito de abusos en el ejercicio de funciones, contemplado en el Capítulo IX del Código Penal en los artículos 443 al 444, se vincula con los delitos sexuales. Las sanciones para los funcionarios o autoridades que cometan este acto son:

  1. Abusos en el ejercicio de la función pública:
    • Prisión de uno a dos años.
    • Inhabilitación absoluta por un período de seis a 12 años.
  2. Funcionario en Institución Penitenciaria o centro de corrección o protección de menores que solicite favores sexuales a un menor bajo su guarda:
    • Prisión de uno a cuatro años.
    • Inhabilitación absoluta por un período de seis a 12 años.

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