Delito de tortura

El delito de tortura es, sin duda alguna, uno de los más crueles y trágicos que una persona puede sufrir.

Este acto delictivo se recoge en la normativa vigente como un delito contra la integridad moral de las personas, quienes pueden acabar desarrollando secuelas físicas y psicológicas de por vida.

Pero…

¿Cómo se configura exactamente el delito de tortura?

¿Qué actos implican la comisión del delito tortura?

¿Qué penas se aplican en caso de tortura particular?

Analizamos las características del delito de tortura en España y cómo se castiga en nuestro Código Penal.

Ante conductas delictivas tan graves como estas, es fundamental denunciar lo antes posible y buscar el asesoramiento de abogados penalistas.

Definición y alcance del delito de tortura

El delito de tortura es de gran gravedad, pues tiene como finalidad infringir dolor mental o físico a una persona con el objetivo de conseguir información, una confesión o meramente castigar.

Este acto, considerado como inhumano, no solo implica un delito en nuestro país, sino que tiene trascendencia en todo el mundo, puesto que se trata de conductas que atentan contra los derechos humanos.

En este sentido existen a nivel internacional distintos acuerdos y tratados que de forma expresa condenan y prohíben este tipo de conductas degradantes y vejatorias para el ser humano.

Entre ellos está la Convención contra la tortura de diciembre de 1984 que España ratificó en 1987, y el Convenio Europeo para la prevención de la tortura, adoptado en 1987 y ratificado por España en 1989.

Si bien es cierto que en la antigüedad se solían aprobar estas prácticas, en la actualidad no está legalmente permitido ningún acto que implique torturar a otra persona.

El alcance que puede tener el delito de tortura es bastante amplio y va desde la afectación física, hasta la psicológica.

En el caso de tortura física, el sujeto activo puede recurrir a golpes, asfixia, quemaduras y otros medios similares que provocan dolor o daños.

La tortura psicológica se basa en causar angustia mental y puede llevarse a cabo mediante amenazas o cualquier otro recurso que genere afectación psicológica.

Concepto legal de tortura en el Código Penal

Según dispone el artículo 174 de nuestro Código Penal la tortura es una conducta delictiva donde un funcionario público castiga a una persona con el fin de obtener una confesión, sacando provecho de su cargo.

Para que se configure como tal este delito, la autoridad en cuestión debe someter a la víctima a situaciones que impliquen sufrimiento físico o mental, bien sea por su extensión de tiempo, naturaleza, proceso o cualquier otro motivo.

Dicho de otro modo, hay tortura cuando un funcionario público abusa de su cargo y somete a la víctima con la finalidad de causarse sufrimiento de índole corporal o psicológico para conseguir información o una confesión.

Uno de los aspectos más controvertidos sobre el delito de tortura en el Código Penal es determinar cuál es el bien jurídico protegido, que ha ido evolucionando desde la consideración como tal de la función pública hasta el momento actual donde se defiende la integridad moral de la víctima.

Al referirnos a la integridad moral, estamos haciendo alusión al derecho que posee un individuo a un trato digno, sin implicar vejación o humillación alguna, sin tener en consideración alguna las condiciones en que se da el hecho y el nexo que pueda tener con otras personas involucradas.

Aspectos legales del delito de tortura

Como destacamos antes, el delito de tortura en el Código Penal supone una de las grandes complejidades legales en España.

Actualmente, se reconoce este delito cuando es ejecutado por un funcionario público o autoridad.

Si bien es cierto que existen varios tipos de tortura, la más común es la tortura indagatoria que se utiliza para hacer confesar a una persona detenida o imputada.

La Ley no determina con exactitud el contexto en que puede producirse esta conducta delictiva, por lo que no solo podría darse en el escenario de una investigación, sino en otras circunstancias y por otros factores.

Relacionado con esta conducta delictiva está el derecho a no declarar que se recoge en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aludiendo a que el detenido no podrá ser obligado a declarar ni tampoco a admitirse culpable.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal destaca también el derecho de la persona detenida a ser evaluada por un médico y usar esto como evidencia de daños generados en caso de ser víctima de un delito de tortura.

Características y elementos constitutivos de la tortura

Para que exista un delito de tortura en España, deben darse unos elementos constitutivos de la conducta delictiva: el material, el personal y la finalidad que se persigue.

Elemento material

Esto tiene que ver directamente con la conducta reprochable penalmente que genera sufrimiento tanto físico como mental y atenta contra la integridad moral del afectado.

Este elemento se consuma por acción u omisión.

Por ejemplo, se puede perpetuar a través de golpes a una persona detenida o amenazas de golpearla.

A nivel psíquico o mental podría materializarse a través de la negación de alimentos o bebidas con el fin de doblegar la voluntad de la víctima.

Cualificación del sujeto activo

En el Código Penal Español se recoge que el delito de tortura puede ser consumado únicamente por representantes del Estado, es decir, funcionarios públicos o autoridades.

Teniendo esto en consideración, un requisito indispensable para que concurra este acto delictivo es que el funcionario se encuentre en ejercicio de sus funciones, y que, además, abuse de su cargo y superioridad frente a la víctima.

Podría ser el caso, por ejemplo, de un funcionario de prisiones, o de quienes prestan sus servicios en centros de menores.

Finalidad del acto delictivo

Este tercer elemento relacionado con el delito de tortura se basa en que el objetivo de los actos sea obtener una confesión o determinada información, o bien castigar por un presunto acto realizado.

Este último factor es muy importante porque la existencia del mismo determinará si se trata de un acto delictivo de tortura o no.

Diferenciación entre tortura institucional y particular

De acuerdo con la configuración de delito de tortura en el Código Penal, esta conducta delictiva puede ser cometida a nivel institucional cuando el responsable es un funcionario público o autoridad, como indica el artículo 174.

No obstante, esto no quiere decir que no se condene el delito de tortura cometido por un particular.

La diferencia entre una forma delictiva y otra es que el delito de tortura por una institución (funcionario público o autoridad) se lleva a cabo con el objeto de obtener una confesión o infringir un castigo en medio de un procedimiento de investigación de un delito.

Por otro lado, si un particular comete un delito de tortura se aplica lo dispuesto en el artículo 173 del Código Penal que condena cualquier acto que atente contra la integridad moral de una persona, como puede ser un trato degradante o las vejaciones y humillaciones.

Cabe precisar que teniendo en consideración la naturaleza de este acto delictivo la Ley no admite su modalidad imprudente, porque el delito de tortura en sí mismo implica infringir un trato degradante e inhumano de una persona hacia otra.

Penas y consecuencias legales de la tortura

El Código Penal establece la pena más grave de todos los delitos contra la integridad moral en el caso de tortura.

La pena privativa de libertad se determina en función de la gravedad de esta conducta delictiva.

De acuerdo con esto, el responsable puede ser condenado por un período de 1 a 3 años de cárcel en el caso menos grave y de 2 a 6 años en el caso más grave.

Además de esto, se añade la inhabilitación del funcionario hasta 12 años, en cualquier modalidad del delito.

Para determinar si se trata de delito de tortura grave, se tendrán en cuenta aspectos como la duración del acto delictivo, la implementación de violencia, los medios empleados para cometer la conducta delictiva y el comportamiento del sujeto activo para con la víctima.

Las penas se aplicarán de igual forma para el funcionario de centros correccionales o cárceles que incurra en delito de tortura en contra de los presos o detenidos.

A raíz de la entrada en vigor de la conocida como “Ley del sólo SÍ es Sí” (Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre) nuestro Código Penal introdujo en su artículo 173.1 la posibilidad de que las personas jurídicas también pudieran ser castigadas por cometer un delito contra la integridad moral.

Tus derechos como víctima: denuncia

Ante un supuesto delito de tortura, cualquier persona tiene derecho a denunciar.

En el caso de tratarse de un detenido o preso es esencial contar con un abogado especialista que vele por la garantía de sus derechos.

Sea una u otra modalidad, la tortura es inaceptable en cualquiera de sus conductas delictivas, por lo que, si un detenido es víctima de este tipo de trato degradante y vejatorio debe notificarlo cuanto antes posible a su abogado.

Si tienes preguntas sobre el delito de tortura, en Rodenas Abogados podemos ayudarte.

Puedes contactar con nosotros sin compromiso para que nuestros abogados penalistas resuelvan todas tus dudas y te orienten en la defensa de tus derechos e intereses.

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