Delito de prevaricación - Resoluciones injustas de los funcionarios

El delito de prevaricación es un delito especial propio, que se encuentra regulado dentro de los delitos contra la Administración Publica, concretamente en los artículos 404 al 406 del Código Penal, por la que un funcionario público o miembros del cuerpo judicial dictan una resolución o resolución injusta.

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Penas del delito de prevaricación

Estos comportamientos injustos pueden ser constitutivos de delito si no se alega causa justa.

Prevaricación de funcionarios públicos

Se considera funcionarios públicos los contratados laborales temporales y los interinos que desempeñen funciones públicas.

Se considera autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo.

El delito de prevaricación de funcionarios públicos viene recogido en el artículo 404 CP

A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.

Artículo 404 del Código Penal

Delito de prevaricación por nombrar a un cargo público Del artículo 405 CP las penas son las siguientes:

A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.

Artículo 405 del Código Penal

El artículo 406 del Código Penal habla sobre las penas que se le impondrán a quien acepte un nombramiento público:

La misma pena de multa se impondrá a la persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión mencionada en el artículo anterior, sabiendo que carece de los requisitos legalmente exigibles.

Artículo 406 del Código Penal

Prevaricación judicial

Las sentencias dictadas por los jueces o magistrados o retrasos sin justificación y de manera maliciosa la tramitación de un proceso judicial en el ejercicios de sus funciones conllevan penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de dos a seis años.

También será sancionable los cometidos por imprudencia grave o ignorancia inexcusable y además se debe analizar si la supuesta sentencia injusta se ajusta al principio de legalidad y existe una valoración objetiva de la misma.

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