Delito de homicidio: concepto y regulación legal

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En este artículo exhaustivo, vamos a abordar todas las inquietudes relacionadas con el delito de homicidio, las posibles penas para quienes privan de la vida a otra persona, así como las diversas modalidades que puede adoptar este delito. ¡Empecemos!

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Penas del delito de homicidio

La penalidad del delito de homicidio varía según la gravedad y las circunstancias del acto:

  1. Homicidio doloso (artículo 138 CP): Implica una pena de prisión de 10 a 15 años.
  2. Homicidio con imprudencia grave (artículo 142.1 CP): Castigado con prisión de uno a 4 años. En caso de cometerse mientras se conduce un vehículo a motor o ciclomotor, se añade la privación del derecho a conducir vehículos y ciclomotores de uno a 6 años, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de uno a 6 años, y una inhabilitación de 3 a 6 años para el ejercicio de profesión, oficio o cargo. Estas son consideradas penas principales si se aplican estas cualificaciones.
  3. Homicidio menos grave (artículo 142.2 CP): Conlleva una multa de 3 a 18 meses. Si se comete mientras se conduce, implica la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de 3 meses a 18 meses, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas de 3 meses a 18 meses. Estas son penas principales si se aplican estas cualificaciones

Responsabilidad civil del homicidio

La responsabilidad civil derivada del delito de homicidio se rige por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual. Esta ley prevé la concesión de ayudas a víctimas directas o indirectas de delitos dolosos violentos con resultado de muerte, lesiones corporales graves o daños psíquicos graves.

El delito de homicidio, definido en el artículo 138 del Código Penal, es uno de los más graves, y aquellos que lo cometan pueden ser castigados con penas de prisión de diez a quince años. Sin embargo, esta pena se incrementa en un grado, es decir, de quince años a veintidós años y medio, en casos donde la víctima sea menor de 16 años o sea una persona especialmente vulnerable.

El Código Penal sanciona cualquier conducta que ponga en peligro la vida o la integridad física de las personas, especialmente aquellas que atentan contra la vida de otros. La ley no hace distinciones en cuanto a los medios utilizados para cometer el homicidio, abarcando todos los medios, formas o instrumentos que causen la muerte de una persona.

El bien jurídico protegido del delito de homicidio

El bien jurídico protegido del delito de homicidio es la vida humana independiente, considerada como el valor más sagrado y fundamental para la mayoría de las personas. El objeto material de este delito es la persona viva, tal como se establece en el artículo 25 de la Constitución española. Los fundamentos jurídicos que respaldan esta protección son los siguientes:

  1. La vida humana independiente: Se entiende como el estado en el que una persona tiene la capacidad de existir por sí misma, sin depender del cuerpo de otra.
  2. Comienzo de la vida humana independiente: Existen diversas teorías que pueden ser útiles para diferenciar el homicidio del delito de aborto. Estas incluyen:
    • Antiguo criterio tradicional del Tribunal Supremo: Se consideraba que la vida independiente comenzaba cuando el recién nacido iniciaba la respiración.
    • Momento del corte del cordón umbilical.
    • Expulsión completa del nacido, aunque no se haya cortado el cordón umbilical, es decir, cuando el niño es completamente visible.
    • Inicio del parto, según lo establecido por la Sentencia del Tribunal Supremo del 29 de noviembre de 2001, en base a la Sentencia del Tribunal Constitucional del 22 de enero de 1999, que trata sobre la fecundación in vitro.
  3. Fin de la vida humana: Existen criterios legales orientativos, como los establecidos en la Ley de 27 de octubre de 1979 sobre Extracción y trasplante de Órganos, desarrollados por el Real Decreto sobre extracción y trasplante de órganos del 22 de febrero de 1980. Estos criterios incluyen la ausencia de respuesta cerebral, respiración espontánea y reflejos cefálicos, así como la demostración de inactividad bioeléctrica cerebral mediante encefalograma «plano».

Justificación del homicidio

La justificación del homicidio se basa en diversas causas que pueden eximir al autor de responsabilidad penal. Estas causas de justificación son aplicables en principio a todos los casos de homicidio.

La legítima defensa es una de las causas más comunes de justificación, y para su aplicación se requieren los siguientes elementos:

  1. Existencia de una agresión real e ilegítima, que sea actual y grave.
  2. Necesidad racional del medio empleado, lo que implica una defensa adecuada para repeler la agresión sin excederse y convertirse en un ataque.
  3. Ausencia de provocación suficiente por parte del defensor.
  4. Cumplimiento de un deber, como en el caso del uso de la fuerza por parte de agentes de la autoridad conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La jurisprudencia establece requisitos específicos para la aplicación de la eximente del artículo 20.7 del Código Penal, que se refiere al uso de la fuerza por parte de autoridades o funcionarios públicos autorizados:

  1. El sujeto activo debe ser una autoridad o funcionario público autorizado para usar medios violentos en el ejercicio de sus funciones.
  2. El posible delito debe ocurrir en el ejercicio de esas funciones.
  3. El recurso a la fuerza debe ser racionalmente necesario para proteger intereses públicos o privados encomendados legalmente.
  4. La fuerza utilizada debe ser proporcionada, es decir, adecuada a los medios disponibles y a la gravedad de la infracción que se pretende evitar.
  5. Debe existir un grado de resistencia o actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo que justifique el uso de la fuerza.

Por otra parte, el consentimiento del sujeto pasivo no excluye la antijuridicidad de la conducta homicida, aunque puede ser relevante en ciertos contextos, como en los delitos de auxilio e inducción al suicidio y la eutanasia.

La culpabilidad en el homicidio

La culpabilidad en el caso de homicidio se evalúa considerando diversos factores y circunstancias modificativas que pueden afectar la responsabilidad del autor.

a. Anomalía o alteración psíquica (art. 20.1): Las enfermedades mentales endógenas y ciertas neurosis graves pueden anular la libertad del individuo, constituyendo una eximente completa, incompleta o atenuante analógica de anomalía/alteración psíquica.

b. Intoxicación plena y síndrome de abstinencia (art. 20.2): La intoxicación plena puede anular la capacidad volitiva e intelectual del individuo, aunque el Tribunal Supremo suele aplicar más a menudo la eximente incompleta. Esta última se aplica cuando la intoxicación no es total o en casos de actio liberae in causa. El síndrome de abstinencia, aunque hipotético, podría constituir una eximente incompleta.

c. Alteraciones en la percepción (art. 20.3): En casos donde el sujeto tenga alterados los juicios de valor debido a la percepción distorsionada de los valores, podría haber una falta de capacidad para tomar decisiones correctas, aunque no necesariamente esté en contra de la ley.

d. Minoría de edad (art. 19): Los menores de 14 años no son considerados penalmente responsables. Entre los 14 y 18 años, se aplican las leyes de responsabilidad penal de menores, que establecen procedimientos específicos para su enjuiciamiento.

El dolo en el homicidio: el ánimus necandi

El dolo en el delito de homicidio se materializa en lo que se conoce como «ánimus necandi», es decir, la voluntad de matar. La distinción entre este tipo de dolo y el propio de las lesiones (animus laedendi) representa un conflicto entre ambos delitos, especialmente en la determinación de si un acto debe calificarse como homicidio o lesiones.

Por ejemplo, al emitir un diagnóstico erróneo, mediante informe pericial, sobre la gravedad de las lesiones que se hubieran producido si la muerte no se hubiera producido. Aunque esta solución fue inicialmente aceptada por parte de la doctrina, se debe descartar debido a la falta de seguridad jurídica en la determinación del tipo aplicable de lesiones dolosas, cuya penalidad puede ser superior a la del homicidio imprudente.

Esta distinción se basa, en gran medida, en la acción objetiva del sujeto, ya que muchas acciones pueden resultar igualmente peligrosas tanto para causar lesiones como para causar la muerte. Por lo tanto, la diferenciación se convierte más en un problema probatorio que en un problema puramente dogmático.

La jurisprudencia ha establecido una serie de criterios, tanto objetivos como subjetivos, para determinar la presencia del ánimus necandi:

  • Criterios objetivos del homicidio:
    • Naturaleza o características del medio de ataque.
    • Idoneidad del medio para causar la muerte.
    • Número e intensidad de los ataques físicos.
    • Zona del cuerpo objetivo del ataque.
  • Criterios subjetivos:
    • Relación entre el agresor y la víctima.
    • Manifestaciones y acciones del agresor antes, durante y después del acto.
    • Motivaciones detrás del acto.
    • Cualquier otra circunstancia relevante de tiempo o lugar.

El dolo eventual en el homicidio se puede apreciar sin mayores dificultades. Se ha observado una tendencia hacia una concepción más «intelectualizada» y «objetiva» del dolo, donde el grado de probabilidad de la consumación del delito se convierte en un indicio de conocimiento por parte del autor, permitiendo la imputación del delito como dolo eventual.

En cuanto a la casuística, pueden surgir casos de incongruencia entre el resultado y el contenido del dolo:

  • Cuando, con la intención de matar, se produce un resultado de lesiones.
  • Cuando, con la intención de causar lesiones, imprudentemente se causa la muerte (preterintencionalidad).

El homicidio imprudente

La imprudencia en el delito de homicidio se caracteriza por la ausencia del ánimus necandi y la presencia de elementos de culpa, como la infracción del deber de cuidado, la previsibilidad y la evitabilidad. Esta forma de comisión del homicidio está sancionada en el artículo 142 del Código Penal.

En el artículo 142.1 del Código Penal se contempla la causación de la muerte con imprudencia grave, pudiendo aplicarse agravantes relacionadas con el uso de vehículos de motor, armas o la imprudencia profesional.

Por otro lado, el artículo 142.2 se refiere a la causación de muerte con imprudencia menos grave, donde aún es posible aplicar agravantes por el uso de vehículos de motor o armas, pero no la de imprudencia profesional.

Para distinguir entre imprudencia grave y leve, se consideran los siguientes criterios:

  • Imprudencia grave: se refiere a la falta de adopción de precauciones básicas exigidas por la vida social.
  • Imprudencia menos grave: se relaciona con la omisión de la atención normal o debida, es decir, la infracción de un deber de cuidado de menor alcance.

Aquel que produzca una acción generadora de peligro causando la muerte de una persona, aunque sea de forma imprudente será castigado con penas de prisión de uno a cuatro años.

Por ejemplo usted conduce su coche, se salta un semáforo y atropella a una persona causándole la muerte. En este caso, existe un dolo eventual teniendo en cuenta que ese peligro estaba presente y lo podría haber evitado parando en el semáforo y dejando pasar al peatón.

La casuística en este tipo de delitos es enorme y siempre hay que tener en cuenta todas las circunstancias concurrentes para poder valorar si realmente existe una imputación objetiva.

La distinción entre dolo eventual e imprudencia puede abordarse desde dos perspectivas teóricas:

a) Teoría de la probabilidad: se considera si el sujeto activo se representa como altamente probable la producción del resultado; en caso afirmativo, se trata de dolo eventual, de lo contrario, es imprudencia.

b) Teoría del consentimiento: se evalúa si el sujeto activo, antes de iniciar la acción, se representó la consecuencia de su acto y si, en ese contexto, hubiera iniciado la acción. Si la respuesta es positiva, se trata de dolo eventual; si es negativa, es imprudencia.

Se debe realizar un juicio de inferencia basado en la lógica y la experiencia en función de las circunstancias concurrentes para determinar la naturaleza del acto.

Finalmente, el error se presenta cuando existe una creencia errónea de actuar bajo una causa de justificación.

El homicidio en grado de tentativa

La tentativa de homicidio se configura cuando alguien planifica o intenta quitar la vida a otra persona, pero su acción se ve frustrada por causas ajenas a su voluntad. Este acto está regulado en el artículo 16 en relación con el artículo 62 del Código Penal.

Cuando la acción no se lleva a cabo completamente, se impone una pena inferior en uno o dos grados. Esto significa que la pena puede variar entre cinco y diez años, o de uno a tres años si se aplica el grado inferior, y de dos años y medio a cinco años si se aplica el segundo grado inferior.

Para que se considere tentativa de homicidio, es necesario que el autor tenga un plan que represente un riesgo para la vida, el bien jurídico protegido por este delito.

Es importante distinguir entre tentativa acabada y tentativa inacabada, dependiendo del peligro que haya generado la conducta del autor. La tentativa inacabada, que implica la no continuación de la agresión, conlleva una pena inferior en dos grados, mientras que la tentativa acabada implica una reducción en un grado.

Según el artículo 16.2 del Código Penal, aquel que desista voluntariamente de llevar a cabo la ejecución del delito estará exento de responsabilidad, aunque aún puede ser responsable por los actos realizados hasta ese punto. Por ejemplo, si alguien deja de apretar una almohada sobre el rostro de la víctima de manera voluntaria, evitando así el homicidio.

En estos casos, es el propio autor quien detiene directamente la consumación del delito.

Ejecución del homicidio

La ejecución del homicidio implica una serie de aspectos importantes que abordan desde los actos preparatorios hasta la consumación del delito:

Actos preparatorios punibles

Según el artículo 141 del Código Penal, son punibles la conspiración, la proposición y la provocación, castigadas con penas inferiores en uno o dos grados a las previstas para el delito consumado. Otros actos preparatorios, como la selección de medios homicidas o la búsqueda de oportunidades para cometer el delito, no son punibles, a menos que exista una disposición específica que sancione dicha conducta, como en el caso de la tenencia ilícita de armas.

La tentativa de homicidio

Se inicia con la ejecución de la acción de matar. Existe debate sobre si el inicio del uso del medio homicida constituye el inicio de la ejecución de la acción. Si el acto es completamente inequívoco y solo tiene sentido en conexión con la acción de matar, se considera tentativa. Sin embargo, si aún es equívoco, se considera parte de los actos preparatorios.

La consumación en el homicidio

La consumación ocurre con la muerte del sujeto pasivo. Es el momento en que se produce el resultado típico del delito, es decir, la muerte de la persona. Una vez que este resultado se ha materializado, el homicidio se considera consumado y se aplica la correspondiente responsabilidad penal.

Participación en el homicidio

La participación en el homicidio puede darse de diversas formas:

Autoría directa: Ocurre cuando una persona realiza directa, personal y materialmente la acción homicida.

Coautoría: Se presenta cuando varias personas deciden cometer el delito y reparten el dominio del hecho. Todos los coautores dominan el delito y contribuyen a su comisión, tanto objetiva como subjetivamente, mediante una conexión de sentido con los actos de ejecución y un acuerdo mutuo entre ellos.

Autoría mediata: Se da cuando una persona utiliza a otra como mero instrumento para cometer el delito. El autor mediato es quien tiene la capacidad de decidir si se comete o no el hecho, mientras que el autor inmediato ejecuta la acción.

Cooperación necesaria: Se refiere a los casos en los que el hecho no puede llevarse a cabo sin la intervención de varias personas.

Inducción: Ocurre cuando se ejerce un influjo psíquico directo e intencionado sobre otra persona para que cometa un delito al que no estaba resuelta previamente, y pone al menos un acto de ejecución.

Complicidad: Se configura cuando una persona favorece el hecho delictivo, incluso aportando medios morales, sin necesidad de una relación de causalidad física. Los actos de encubrimiento prometidos antes de la realización del hecho también se consideran actos de cooperación.

Tipicidad del delito de homicidio

El elemento objetivo del tipo contenido en los diferentes enunciados legales que abordan el delito de homicidio (arts. 138 y 142 CP) es «el que matare a otro», y será sancionado como autor de homicidio con una pena de prisión de 10 a 15 años.

Sujetos del homicidio:

  • Sujeto activo: cualquier persona.
  • Sujeto pasivo: cualquier ser humano nacido y vivo («otro»).

Objeto del homicidio:

  • Material: el sujeto pasivo (ser humano nacido y vivo).
  • Jurídico: vida, conforme al bien jurídico protegido: vida humana independiente.

Conducta típica del homicidio:

  • Acción: quitar la vida a otra persona. No se requiere ningún medio comisivo específico, por lo que cualquier medio que objetivamente busque causar la muerte es válido para completar la acción típica.
  • Resultado: la muerte de otra persona. Dado que se trata de un tipo de resultado, es necesario establecer la imputación objetiva de la muerte a la acción del sujeto.

Requisitos doctrinales de aplicación del delito de homicidio

Los requisitos doctrinales para la aplicación del delito de homicidio incluyen varias condiciones fundamentales. En primer lugar, se requiere que la acción u omisión del individuo haya generado o aumentado un riesgo jurídicamente desaprobado, según algunos autores. Esto implica que se introduzcan las teorías de la causalidad jurídica en esta consideración.

Además, se espera que el resultado típico que se produce sea aquel que normalmente se deriva del riesgo creado o aumentado. Por último, se debe verificar que el resultado concreto sea aquel que la norma intentaba evitar, un requisito especialmente relevante en los delitos imprudentes.

Requisitos jurisprudenciales de aplicación

Los requisitos jurisprudenciales para la aplicación del delito de homicidio son fundamentales para su entendimiento y aplicación en el ámbito legal. Estos requisitos incluyen condiciones preexistentes que no interrumpen la relación de causalidad, así como condiciones coetáneas que tampoco interrumpen dicha relación, es decir, cuando la conducta homicida lleva consigo un riesgo inherente, siendo la muerte el desenlace natural de la agresión. En casos de condiciones sobrevenidas, es necesario analizar si la letalidad de la herida es intrínseca o incidental.

Además, dada la condición de tipo de resultado del homicidio, se puede construir la figura de la comisión por omisión, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por el artículo 11 del Código Penal. Esta forma de comisión es especialmente relevante en el delito de homicidio y el de lesiones.

La aceptación de la comisión por omisión en el delito de homicidio es unánime en la doctrina y jurisprudencia, ya que no se requiere ningún medio comisivo específico. Sin embargo, el artículo 11 exige la constatación de la imputación objetiva para equiparar la omisión a la acción. En este sentido, la relación de causalidad que se establece en la omisión es hipotética, y la relación de riesgo se basa en la falta de disminución del riesgo preexistente.

Además, es necesario verificar la infracción de un deber jurídico especial de actuar por parte del autor, es decir, la posición de garantía, que puede derivar de la ley, un contrato o un actuar previo.

En cuanto a su clasificación, el delito de homicidio se considera común, de resultado y de lesión.

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