Delito de falsedad documental

El delito de falsedad documental está regulado en el Código Penal, específicamente en los artículos 390 al 399 ter, abordando documentos públicos, privados, certificados y tarjetas de crédito.

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¿Qué es el delito de falsedad documental?

El delito de falsedad documental ocurre cuando un individuo altera, simula, modifica o falsifica un documento o parte del mismo. Esta acción se lleva a cabo con plena conciencia y voluntad de distorsionar la realidad del documento original, afectando su eficacia normal, sin importar si se materializa algún perjuicio.

El Código Penal, en su artículo 26, define documento como aquel que incorpora datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o relevancia jurídica. Algunos ejemplos de falsedades documentales incluyen añadir cláusulas inexistentes, borrar expresiones de manera material, alterar fechas o modificar el número de bastidor de un vehículo.

Con el avance de las nuevas tecnologías, los defraudadores disponen de más herramientas, a menudo buscando el anonimato para cometer estas acciones y cada vez es más difícil identificarlos.

Bien jurídico protegido del delito de falsedad documental

El delito de falsedad documental protege los documentos creados para certificar o demostrar algo, actuando como garantes de los servicios públicos. Por ende, cualquier modificación sustancial o «mutatio veritatis» que afecte la seguridad del tráfico jurídico de estos documentos debe ser perseguida por la legislación penal ordinaria.

Tipos de delitos de falsedad documental

El Código Penal, en los artículos 390 y siguientes, regula cuatro clases de falsedad documental con consecuencias penales severas, incluyendo penas de prisión y multas considerables.

Falsificación de documentos públicos

  • Funcionario público que altere o simule un documento público relacionado con el tráfico jurídico enfrenta penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial de dos a seis años.
  • Particular que cometa falsedades en documento público, oficial o mercantil, puede ser condenado a prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
  • Incluye la falsedad en atestados policiales, formularios oficiales, letras de cambio, cheques, pagarés, acciones y obligaciones, entre otros.

Falsificación de documentos privados

Alterar o modificar un documento privado conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años, según el artículo 395 del Código Penal.

Falsificación de certificados

El facultativo que emita certificados falsos enfrentará una pena de multa de tres a doce meses, según el artículo 397 del Código Penal.

Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje

  • La persona física que cometa este delito será castigada con prisión de cuatro a ocho años, aplicándose en su mitad superior si afecta a varias personas o es perpetrado por una organización criminal.
  • A las personas jurídicas se les impone una pena de multa de dos a cinco años.

El delito de falsedad y la falsificación de la moneda

El delito de falsificación de moneda protege la seguridad del tráfico monetario y combate el fraude. Según el Código Penal, la falsificación de moneda conlleva una pena de prisión de ocho a doce años y una multa del tanto al decuplo del valor aparente de la moneda.

Las acciones penalizadas abarcan la creación, transporte, expedición y distribución de moneda falsa. Aquellos que adquieran y distribuyan moneda falsa enfrentan penas más severas, mientras que la mera tenencia se castiga en menor medida.

En el caso de adquisición de moneda falsa de buena fe pero consciente de su falsedad, se impone una pena de prisión de tres a seis meses o multa. Se consideran factores como la relación de datos fácticos en la adquisición y el conocimiento consciente de su origen ilícito.

Los elementos esenciales para perfeccionar el delito incluyen la tenencia de moneda falsa, su autenticidad falsa y la intención de expedirla o distribuirla.

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