La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo agrupará criterios sobre sobre quién recae el gasto de los Actos Jurídicos Documentados (AJD). La banca y los usuarios aguardan con impaciencia esta sentencia. El próximo 5 de Noviembre de pronunciará el Alto Tribunal.

Según fuentes jurídicas consultadas, ese día el Supremo va a sentar las bases sobre esta nueva avalancha de demandas que podría dar un fuerte revés a la banca, o bien un balón de oxígeno. Se calcula que los gastos hipotecarios pagados de más por los usuarios alcanza los dieciocho y trescientos millones, prácticamente el triple de la devolución estimada por las cláusulas suelo. Específicamente, son unos tres mil quinientos euros de media por usuario.

Hay que indicar del mismo modo que el Impuesto de AJD no se devenga no por el préstamo en sí, sino más bien solo por la garantía hipotecaria, y por emisión de la primera escritura pública de constitución de la hipoteca, motivo por el que la base imponible del impuesto es de manera notable superior al importe del primordial prestado puesto que incluye intereses ordinarios y de demora (que van a poder ser declarados desmesurados). De este modo, un préstamo de cincuenta y cinco euros, va a tener una base imponible de ochenta y uno y ochocientos sesenta y tres euros -incluyendo los intereses que podrían ser declarados desmesurados- y deberá ingresar en la villa de Madrid seiscientos trece con noventa y siete euros por este tributo. Otro ejemplo, un préstamo de ciento cuarenta y seis mil euros, va a tener a efectos del impuesto una base imponible de ciento noventa y nueve mil seiscientos veinticinco con ocho euros, debiendo abonar 1.996,26 euros en Actos Jurídicos Documentados. Los dos importes son sensiblemente inferiores a las cantidades medias estimadas.

El Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, en Sentencia de veintitres de diciembre de dos mil quince estableció que las cláusulas de los préstamos hipotecarios que imponen el pago al prestatario consumidor de la totalidad de los gastos de formalización, preparación y ejecución del préstamo pueden ser consideradas exageradas y por consiguiente ser declaradas nulas, cada vez que no dejen una distribución equitativa de los gastos y generalmente no existe reciprocidad en la obligación, y generan un desequilibrio relevante. Los gastos referidos responden a notaria, registro, gestoría, tributos y en ciertos casos, determinadas audiencias lo han aumentado con los gastos de tasación. Una cláusula declarada nula se va a tener por no puesta.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en su sentencia del veintiuno de diciembre de dos mil dieciseis declaró la retroactividad de las cláusulas suelo, forzando al Tribunal Supremo a mudar su criterio que limitaba los efectos de la nulidad de las cláusulas suelo a mayo de dos mil trece, motivo por el que en el mes de abril de dos mil diecisiete corrige declarando los efectos de la nulidad (devolución al consumidor de los importes inadecuadamente cobrados) desde exactamente la misma firma del préstamo hipotecario. En esa sentencia, el TJUE apuntó que “el juez que declarase la nulidad por desmesurada de una cláusula hipotecaria –cualquier cláusula- tiene la obligación de dictar las consecuencias de dicha nulidad”, conforme aseveran fuentes jurídicas. La consecuencia de esta nulidad es la “restitución de los importes abonados inadecuadamente por el consumidor”.

“La polémica brota ahora, en tanto que hay diferentes situaciones sobre las consecuencias de dicha declaración de nulidad, en tanto que de no existir dicha cláusula, hay que ir a la legislación que regula cada gasto que se repercutió al consumidor para saber a quién hubiese correspondido el pago de los mismos”, señalan exactamente las mismas fuentes.

El tribunal discute con respecto a los gastos de Apreciaría, Registro y Gestoría se divide entre aquellas Audiencias provinciales – las menos– que estiman que estos gastos favorecen a las dos partes por igual, siendo los dos interesados en ello y por consiguiente reparten el gasto al cincuenta por ciento entre la entidad y el consumidor; y la mayor parte de Audiencias provinciales, que estima que el interés del consumidor es solamente el préstamo en sí, como contrato, siendo únicamente la entidad la que tiene interés en que se formalice ante Notario y se anote en el Registro, puesto que de esta manera tiene una garantía superior y singular al mero documento privado en el caso de incumplimiento.

La polémica es mayor en el caso de los tributos, primordialmente por el hecho de que este importe supone más o menos el ochenta por ciento del total de los gastos que se demandan. Como apuntábamos ya antes, en el caso de declararse la nulidad, se tiene la cláusula por no puesta y eso supone que se distribuyen los gastos conforme disponga cada regla reguladora, en el caso de los tributos (IRPAJD) en su modalidad de Actos Jurídicos Documentados (AJD). Puesto que la nulidad acarrea la restitución de las cantidades que abonó el consumidor y correspondían al empresario, brota la duda de a quién corresponde abonar el impuesto.

El artículo sesenta y ocho del R. D. 828/1995, de veintinueve de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre ITPyAJD, afirma que va a ser sujeto pasivo el adquiriente del bien o bien derecho y, en su defecto, las personas que insten o bien pidan los documentos notariales, o bien aquellos en cuyo interés se expidan; y que cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía hipotecaria, se considerará adquiriente el prestatario.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia de veintitres de diciembre de dos mil quince fuerza a las entidades de finanzas a hacerse cargo de la expedición de las copias, actas y testimonios que interese, puesto que va a favor suyo como refuerzo en las garantías hipotecarias. Mas esta atribución y también interpretación de la legislación fiscal corresponde a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, resolviendo en numerosas sentencias del dos mil uno al dos mil quince que el sujeto pasivo del hecho imponible del impuesto es el prestatario, y por consiguiente posicionándose contra el consumidor.

En terminante, el origen de la polémica es tanto la interpretación de la regla, como la regla que lo regula. Cada Audiencia Provincial ha dictado resoluciones judiciales conforme sus criterios hasta el momento en que el Tribunal Supremo se pronuncie meridianamente sobre este espinoso tema. En verdad, determinadas Audiencias Provinciales, en secciones diferentes, han establecido diferentes criterios con respecto a AJD, dictando sentencias contrarias, y en otros casos, “Determinadas Audiencias provinciales, todavía declarando nula la cláusula referida a la atribución de todos y cada uno de los tributos de modo genérico al consumidor, resuelven que en nada cambia la situación del mismo con dicha declaración de nulidad, pues el obligado al pago y sujeto pasivo del impuesto es el consumidor”, han señalado las fuentes consultadas.

Hace un tiempo salió este tema en una comida familiar, tema bastante interesante para debatir, y más haciéndolo desde diversas perspectivas como pueden ser la legal, la social, la biológica etcétera.

En mi opinión, no es algo que esté bien visto a nivel social porque es una pena bastante dura por así decir, y claro que toca muchos derechos fundamentales; pero visto como ultima ratio, y aplicado a delitos muy graves como es el caso de violaciones de menores de edad, no lo veo tan descabellado. Ya desde el mismo momento en que se asentase jurisprudencia de este tema y se acogiera en el derecho español, actuaría como un método disuasorio para depredadores sexuales e iría en detrimento de su posible reincidencia futura.

Sería bueno ofrecerlo como algo voluntario en los centros penitenciarios, en los módulos donde se asientan estos delincuentes, pero también que se instaurase como algo obligado en caso de que se sucedieran hechos de esta índole. Se aplicaría en el tercer grado, cuando el sujeto esté próximo a su salida, y cuando pueda disfrutar de permisos de fin de semana o días, en los que estando en la calle pueda tener más opción de reincidir.

Son muchos los casos en los que este tipo de agresores han vuelto a delinquir, por ello desde mi punto de vista, es algo innato que llevan dentro dichas personas, algo psicológico o biológico que no pueden reprimir, o les cuesta demasiado, porque desde los programas de rehabilitación en prisión se ahonda mucho en ello. Con educadores sociales, se les da unas pautas y seguimiento para ver cómo van evolucionando, y aunque ellos dicen estar preparados para no volver a hacerlo, son muchas las veces en las que esto no es así, y vuelven a reincidir al salir. Por ello me pregunto si es algo que llevan consigo como parte de su ADN, tanto que una educación en valores no puede hacer nada.

Para no ser tan extremo, aparte de ofrecerlo desde los centros penitenciarios como algo voluntario dentro un programa de reinserción, sería bueno como se mencionó anteriormente, asentarlo como ley en España, pero bajo unos límites y determinadas circunstancias de aplicación.

Desde el equipo de psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales de las prisiones, se tendría que llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de cada interno que esté cumpliendo condena por pedofilia; ofrecerles las sesiones de rehabilitación en las que acudieran cada semana varias veces a ver al educador, y aparte ir haciendo un análisis de su evolución y posible reincidencia futura, y solo a los que den picos más altos de riesgo, se les sometería obligatoriamente bajo sentencia al proceso de castración química, estando en tercer grado próximo a su salida.

A los demás se les iría administrando sesiones educativas respecto a la sexualidad, como se lleva haciendo en muchas cárceles, favoreciendo su resocialización.

Como se dijo antes, es buen método disuasorio contra posibles depredadores, el conocer sobre la aplicación de esta ley haría que muchos de estos sujetos se abstuvieran de cometerlo. Desde luego un país tan “buenista” con este tipo de delitos no es constitucional tampoco, viéndolo desde la perspectiva de las víctimas, menores vulnerables, se merecen una total protección contra estos delincuentes, y habiendo visto que la rehabilitación muchas de las veces no da sus frutos, no sería mala la aplicación de leyes de este tipo a nivel nacional y europeo.

Es claro que hay que hacer hincapié en el hecho de que sea reincidente o no. La agravante del Código Penal 22.8, tiene mucho que decirnos al respecto a la hora de tratar de una forma u otra a estos delincuentes, y para hacer una evaluación del riesgo futuro. El haber cometido barias veces un hecho de la misma naturaleza nos pone en antecedentes para poder actuar y prever.

Otra alternativa posible, de la que todavía no se había hecho mención aquí, y que puede ser menos agresiva, en aplicar el artículo 192 CP, esto es, la libertad vigilada de condenados por estos delitos que tengan concedidos permisos. El juez podrá variar dicha medida en atención a la peligrosidad del sujeto. Así se constituye una medida menos invasiva que la de la castración química y vulneraría menos derechos fundamentales.

En conclusión, desde mi punto de vista no es perjudicial a nivel legal que se introduzca la castración dentro de la ley nacional, solo para casos más graves estudiados; para casos en los que la reincidencia no sea tan clara, aplicar el artículo 192 CP podría ser bastante eficaz, aun así ofreciendo la castración voluntaria.

Andrea Gómez Barberán

Criminóloga forense

Todas las personas están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol o de la presencia de drogas en el organismo. Las pruebas consisten en la verificación de alcohol en aire espirado mediante dispositivos autorizados y si los agentes de la autoridad nos ordenan someternos a las pruebas estaremos obligados a hacerlo, incluida a realizar la segunda prueba del alcoholemia, después de haberse sometido voluntariamente a la primera.

A petición del interesado se podrá solicitar que estas pruebas consistan en un análisis de sangre en el hospital más cercano. El personal sanitario estará obligado a comunicar el resultado al Jefe de Tráfico de la provincia para que lo acompañe al atestado y se le de traslado al Juzgado de Guardia.

Se trata por tanto de un delito abstracto y viene regulado en el artículo 383 del Código Penal. Se consuma cuando el requerido desatiende la orden competente oponiéndose de manera expresa, consciente y reiteradamente en su cumplimiento. Este elemento del tipo penal es el más controvertido, ya que muchas personas no se encuentran en disposición de realizar las pruebas en determinados supuestos.

La negativa a someterse a las pruebas de detección de alcohol o drogas conlleva una pena superior a la establecida que la de dar positivo en un control de alcoholemia, ya que tiene una pena de prisión de seis meses a un año, tres meses más que dando positivo y, además una privación del derecho a conducir vehículos a motor por un tiempo superior a uno hasta cuatro años.

A primera vista puede parecer que esta resistencia a obedecer las ordenes de la autoridad o de sus agentes se puede englobar como un delito de atentado o resistencia contra la autoridad del artículo 550 y siguientes del Código Penal. Sin embargo con la última reforma de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo parece claro que la intención del legislador  a la hora de proteger todos los delitos comprendidos en el Capítulo IV del Código Penal va dirigida a este bien jurídico, la seguridad vial, por encima de cualquier otro.