Alzamiento de bienes

El delito de alzamiento de bienes se refiere a la acción de un deudor que oculta o transfiere sus activos con el propósito de eludir el pago de sus deudas a los acreedores.

En este artículo, vamos a explicar de forma breve y sencilla los elementos esenciales, las causas y los requisitos fundamentales para determinar si se ha incurrido en este delito económico.

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Definición de delito de alzamiento de bienes

El delito de alzamiento de bienes constituye un delito contra el patrimonio, caracterizado por la reducción voluntaria de activos con el objetivo de evitar el pago de responsabilidades civiles al acreedor perjudicado.

Se trata de un delito de actividad, lo que implica que simplemente el hecho de estar sujeto a un proceso penal, reducir el propio patrimonio y declararse insolvente puede resultar en una condena por alzamiento de bienes.

Penas del alzamiento de bienes

La regulación del delito de alzamiento de bienes se encuentra detallada en los artículos 257 al 250 ter del Código Penal. El artículo 257 del Código Penal impone una pena de prisión que va de uno a cuatro años, además de una multa que oscila entre los doce y veinticuatro meses, para aquellos que:

  • Alcen sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
  • Obstaculicen la ejecución de un embargo.
  • Reduzcan u oculten su patrimonio con el propósito de eludir responsabilidades civiles derivadas de un delito.
  • Eviten el pago de obligaciones económicas hacia los trabajadores.
  • Incumplan deudas de Derecho público, como aquellas generadas por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social.

En caso de que el importe de lo alzado exceda los 50.000 euros, las penas serán agravadas en su mitad superior, conforme a lo establecido en el artículo 250 de la estafa.

Elementos del alzamiento de bienes en el Código Penal

Los elementos del delito de alzamiento de bienes según el Código Penal son los siguientes:

  1. Existencia previa de un crédito contra el sujeto activo del delito.
  2. Destrucción u ocultación real o ficticia de sus activos por el deudor.
  3. Resultado de insolvencia o disminución del patrimonio.
  4. Ánimo específico de perjudicar al acreedor.

A. No se requiere que la deuda esté vencida: Incluso si la deuda no está vencida, pero ya ha surgido, el alzamiento de bienes puede ocurrir. Es decir, el deudor no puede esperar a que la deuda venza para cometer el delito.

Por ejemplo, en una sentencia de la STS 1.077/2006, de 31-10, se consideró alzamiento la acción de enajenar fraudulentamente inmuebles por parte del deudor a su esposa e hijo, a pesar de que la deuda surgida de un préstamo existía en el momento de las enajenaciones, aunque su vencimiento fuera 9 años después.

B. Participación: La colaboración de un tercero con el deudor para transferir los bienes a nombre de ese tercero o simular deudas ha sido interpretada por la jurisprudencia como una cooperación necesaria.

C. La responsabilidad civil del alzamiento de bienes: La responsabilidad civil no implica una indemnización de perjuicios, sino la restitución de los bienes que indebidamente salieron del patrimonio del deudor.

Cuando se involucra un negocio jurídico en la comisión del delito, esta restitución se lleva a cabo mediante la declaración de disolución o cierre dicho negocio.

Diferencias entre alzamiento de bienes e insolvencia punible

Tras la reforma de la LO 1/2015, las conductas contra el derecho de crédito se dividen en dos categorías:

  1. Frustración de la ejecución: contemplada en los artículos 257.1 y 257.2 del Código Penal, aborda el alzamiento de bienes y similares.
  2. Insolvencias punibles: reguladas entre los artículos 259 al 261 bis del Código Penal, refiriéndose a las conductas punibles de deudores en situación de concurso o preconcursal.

Ambos delitos protegen el mismo bien jurídico: la garantía de los acreedores para el cumplimiento de las obligaciones del deudor, según el artículo 1911 del Código Civil.

El alzamiento de bienes implica la voluntad del deudor de ocultar o trasladar sus activos para evitar a sus acreedores, sin necesidad de estar insolvente.

Por otro lado, la insolvencia punible requiere que el deudor esté en concurso de acreedores. Según el artículo 259 bis del Código Penal, esto se castiga con penas más severas si hay perjuicio patrimonial a un gran número de personas, supera los 600.000 euros o si la mitad de los créditos concursales son de la Hacienda Pública.

La insolvencia se define en la Ley Concursal como la incapacidad de cumplir regularmente con las obligaciones exigibles. Puede ser actual o inminente, cuando el deudor prevé que no podrá cumplir puntualmente con sus obligaciones.

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