Delito de administración desleal - Mala gestión del patrimonio ajeno

Uno de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico más habitual es el delito de administración desleal, muy habitual en el ámbito empresarial y societario.

Se trata de un ilícito penal que a menudo se confunde con otras figuras delictivas como la apropiación indebida o la malversación de caudales públicos, aunque cada uno de ellos tiene sus propias particularidades.

Las consecuencias penales incluyen multa y pena de prisión en los casos más graves, por eso es importante que cuentes con la ayuda abogados penalistas para valorar tu caso .

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Qué es el delito de administración desleal, requisitos y penas

Comete administración desleal la persona que se excede de sus facultades a la hora de administrar un patrimonio ajeno.

Al actuar de esta forma, está provocando un perjuicio en el patrimonio que administra susceptible de castigarse penalmente.

Este delito se recoge en el artículo 252 del Código Penal.

Los requisitos del delito de administración desleal

Para que una persona cometa este tipo delictivo deben concurrir los elementos siguientes:

-El sujeto activo, que es quien comete el delito, debe tener la facultad de administrar un patrimonio de terceros.

-Esta facultad para gestionar el patrimonio ajeno le viene dada por Ley, la autoridad o por un negocio jurídico.

-Tiene que darse una infracción por una mala gestión o excederse en sus funciones de administración.

-Esta conducta tiene que provocar un perjuicio en el patrimonio que administra.

H3 El castigo del Código Penal para la administración desleal

El artículo 252 del Código Penal equipara las penas para el tipo básico de la administración desleal a las establecidas para el delito de estafa, remitiendo a los artículos 248 y 250.

La pena para este tipo delictivo es de seis meses a tres años, dependiendo de la cantidad que se haya defraudado, el perjuicio económico causado, o los medios utilizados, entre otros factores.

El tipo agravado de este delito se castiga conprisión de uno a seis años y una multa de seis a 12 meses en los supuestos indicados en el artículo 250 del Código Penal.

Por ejemplo, si la administración desleal afecta a cosas de primera necesidad como la vivienda, recae sobre bienes que conforman el patrimonio histórico o el valor de lo defraudado supera los 50.000 euros, entre otros casos.

Algunos ejemplos de administración desleal

Un caso habitual de este tipo delictivo es el de la persona que lleva la contabilidad de una empresa y decide desviar fondos que son para pagar las nóminas de los empleados a otra sociedad sin estar autorizada para hacerlo.

Otro ejemplo sería el de varios compañeros de piso que crean una cuenta común para pagar los gastos y uno de ellos, quien gestiona la cuenta, pasa parte del dinero de la misma a otra cuenta perjudicando a los otros compañeros.

En el ámbito societario los casos más frecuentes suelen ser:

  • Administración de patrimonios sociales.
  • Administración de patrimonios ajenos de origen legal (padres, tutores, administrador del régimen de gananciales).
  • Aquellos encomendados por la autoridad (administrador judicial, administrador concursal).
  • Mediante negocio jurídico (administradores societarios, negocio testamentario: albaceas).

Diferencias entre el delito de administración desleal y delito societario

Antes de la reforma del Código Penal del 2.015 los delitos de administración desleal se incluían dentro de los delitos societarios (art. 295 CP).

Ahora este delito implica una extensión de la conducta y se integra como un delito independiente, en el que puede ser víctima cualquier administrado, no sólo una sociedad sino también una persona física.

Se aplica el delito societario cuando el administrador incurre en abuso fraudulento en el ejercicio de sus facultades por darle un destino distinto al que correspondía, pero sin un fin apropiativo.

En cambio, la conducta de distracción de dinero de la administración desleal, ya sea a favor del autor del delito o de un tercero, presentaría un carácter de apropiación o de incumplimiento definitivo que conlleva un mayor menoscabo del bien jurídico.

Diferencia entre administración desleal y apropiación indebida

Aunque ambos tipos delictivos tienen en común el mismo objeto material, en realidad se trata de conductas diferentes, siendo la diferencia principal cómo se dispone de los medios administrados.

Supone una disposición de los bienes con carácter definitivo en perjuicio de su titular, cuya administración encomendada supera las facultades de administrador.

Por ejemplo, si el administrador actúa ilícitamente fuera del perímetro competencial de los poderes concedidos-exceso extensivo-estaríamos ante un posible delito de apropiación indebida.

  • El delito de administración desleal de patrimonio ajeno hace referencia al mero uso abusivo de aquellos bienes en perjuicio de su titular, pero sin pérdida definitiva de los mismos.

Por ejemplo, cuando los administradores ejecutan actos ilícitos en el marco propio de las atribuciones encomendadas, disponiendo fraudulentamente de los bienes sociales o contrayendo obligaciones a cargo de la sociedad, actuando en todo momento como tal administrador y, generando beneficio propio o a un tercero.

Distinción entre administración desleal y malversación de caudales públicos

Podría considerarse la administración desleal como una modalidad del delito de malversación de caudales públicos cuando afecta a patrimonio público.

La malversación de caudales públicos se comete por un funcionario, empleado o autoridad que tiene un cargo público, y que en ejercicio del mismo realiza una mala gestión o administración del patrimonio público provocando un perjuicio.

Se encuentra regulado dentro de los Delitos contra la Administración Pública en los artículos 432 a 435 del Código Penal.

Debido a la proximidad entre los delitos entre administración desleal, apropiación indebida y la estafa se establecen para todos ellos las mismas penas con las agravaciones comunes del artículo 250 del Código Penal.

En resumen, el delito de administración desleal dejó de ser a partir de la reforma del Código Penal de 2015 un delito propio del Derecho de Sociedades para ampliarse su concepto y actualmente se encuentra regulado como delito contra el patrimonio.

Se trata de un delito de resultado, ya que es necesario que se provoque un perjuicio de carácter económico que pueda cuantificarse, y su castigo depende de factores como la cuantía de lo defraudado.

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